La Justicia avaló el decreto de Macri para echar extranjeros: las deportaciones aumentaron 3150% en dos años

27 October 2017
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 Mauricio Macri ratificó el gradualismo y el compromiso de estabilizar los precios (Adrián Escandar)    viernes 27 de octubre de 2017

 

El Decreto 70/2017, impulsado por el Poder Ejecutivo para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos, causó cierto revuelo en enero de este año. Deportar a un extranjero del país no es algo jurídicamente fácil; por ejemplo, en los casos de delincuentes comprobados y de alta peligrosidad.

La figura de extrañamiento, aplicada por jueces del fuero de ejecución penal para inmigrantes con condena firme impuesta en el país y que cumplieron la mitad de su pena en suelo argentino, es una de las formas más comunes. La recibió, por ejemplo, "Ruti" Mariños, oriundo de Perú, uno de los más violentos capos narco de la Capital Federal, sindicado como jefe de parte del narcotráfico de la Villa 31 bis y condenado a 18 años por comandar una masacre que les costó la vida a cinco personas, incluido un bebé. Mariños volvió a Lima, para ser extraditado de vuelta a la Argentina con un pedido de captura del juez Sergio Torres.

La celda en el penal de Devoto de César Morán de la Cruz, también peruano y condenado a 15 años por homicidio y el principal competidor de Mariños en el asentamiento de Retiro, fue allanada el año pasado bajo fuertes sospechas de que continuaría operando su negocio por celular. La Justicia de Lima pidió que sea extraditado por un intento de homicidio. El juez Sebastián Casanello aceptó el trámite siempre y cuando Morán de la Cruz complete su condena en Argentina.

La defensa de "Marcos" Estrada González, el notorio capo de la Villa 1-11-14, condenado a diez años en dos juicios abreviados y con una larga investigación a cargo del juez Sergio Torres en una causa minada por incautaciones de armas, cocaína y presunto lavado de dinero en iglesias evangélicas bonaerenses, perdió una batalla la semana pasada en el fuero contencioso administrativo federal, que supervisa cuestiones migratorias: la jueza Liliana Heilland denegó un pedido de Estrada para no ser expulsado del país luego de una carrera delictiva de casi dos décadas. Para los investigadores acostumbrados a lidiar con Estrada, como la Procuraduría de Narcocriminalidad, echar a Estrada se vuelve una suerte de último recurso, lo que no garantiza, en sus cálculos, que comande sus operaciones de forma remota. 

La Justicia avaló el decreto de Macri para echar extranjeros: las deportaciones aumentaron 3150% en dos años

La Justicia avaló el decreto de Macri para echar extranjeros: las deportaciones aumentaron 3150% en dos años

El DNU firmado por el Presidente de la Nación y avalado por su gabinete de ministros busca atajos mucho más cortos para la expulsión de extranjeros, por así decirlo. No solo prevé deportaciones para inmigrantes con pedidos de captura internacionales y acusados de delitos graves como narcotráfico o trata de personas: apunta a cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las Justicias provinciales, es decir, sin siquiera una condena firme.

No solo incluye la comisión de delitos graves, sino de antecedentes de cualquier delito que merezca, según el artículo 29 del DNU, "penas privativas de la libertad". De cara a la norma, cualquier fiscal o juez debe notificar esto en un lapso de cinco días a la Dirección Nacional de Migraciones, hoy a cargo del doctor Horacio García. El extranjero tiene escasos días para presentar pruebas para su defensa, apenas tres.

Lo cierto es que las expulsiones a extranjeros acusados de delitos están en franco aumento en la administración de Cambiemos. En 2015, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, solo hubo dos inmigrantes deportados del país. En 2016, el número escaló a 33. Hoy, en 2017, ya son 65 los extranjeros expulsados de la Argentina en cuestiones ligadas a la comisión de delitos, es decir, un aumento del 3.150% en dos años. Estos números no incluyen a ciudadanos expulsados por situaciones migratorias irregulares, como por ejemplo residencias temporarias vencidas.

El decreto hoy se encuentra en tratamiento en el Congreso, precisamente en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo a cargo de Marcos Cleri, sin dictamen sobre el 70/2017 hasta hoy. A pesar de esto, voces oficiales reconocen que el DNU se aplica con vigor en la práctica.

Meses atrás, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) buscó impugnar el decreto con una acción de amparo colectivo que incluyó a la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y al Colectivo por la Diversidad, a la cual luego se sumaron la Defensoría del Pueblo porteña así como la bonaerense entre otras organizaciones.

En un escrito de 95 páginas, el CELS adujo que el decreto "es un nuevo mecanismo para la expulsión de personas migrantes del territorio argentino sustancialmente distinto al diseñado por el legislador en la Ley de Migraciones Nro. 25.871. Entre las modificaciones que realiza, el DNU altera el régimen de recursos administrativos ante órdenes de expulsión, limita las vías de impugnación judicial y el acceso a la justicia de personas migrantes ante esas decisiones".

La Justicia avaló el decreto de Macri para echar extranjeros: las deportaciones aumentaron 3150% en dos años

El DNU firmado por el Presidente de la Nación y avalado por su gabinete de ministros busca atajos mucho más cortos para la expulsión de extranjeros, por así decirlo. No solo prevé deportaciones para inmigrantes con pedidos de captura internacionales y acusados de delitos graves como narcotráfico o trata de personas: apunta a cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las Justicias provinciales, es decir, sin siquiera una condena firme.

No solo incluye la comisión de delitos graves, sino de antecedentes de cualquier delito que merezca, según el artículo 29 del DNU, "penas privativas de la libertad". De cara a la norma, cualquier fiscal o juez debe notificar esto en un lapso de cinco días a la Dirección Nacional de Migraciones, hoy a cargo del doctor Horacio García. El extranjero tiene escasos días para presentar pruebas para su defensa, apenas tres.

Lo cierto es que las expulsiones a extranjeros acusados de delitos están en franco aumento en la administración de Cambiemos. En 2015, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, solo hubo dos inmigrantes deportados del país. En 2016, el número escaló a 33. Hoy, en 2017, ya son 65 los extranjeros expulsados de la Argentina en cuestiones ligadas a la comisión de delitos, es decir, un aumento del 3.150% en dos años. Estos números no incluyen a ciudadanos expulsados por situaciones migratorias irregulares, como por ejemplo residencias temporarias vencidas.

El decreto hoy se encuentra en tratamiento en el Congreso, precisamente en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo a cargo de Marcos Cleri, sin dictamen sobre el 70/2017 hasta hoy. A pesar de esto, voces oficiales reconocen que el DNU se aplica con vigor en la práctica.

Meses atrás, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) buscó impugnar el decreto con una acción de amparo colectivo que incluyó a la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y al Colectivo por la Diversidad, a la cual luego se sumaron la Defensoría del Pueblo porteña así como la bonaerense entre otras organizaciones.

En un escrito de 95 páginas, el CELS adujo que el decreto "es un nuevo mecanismo para la expulsión de personas migrantes del territorio argentino sustancialmente distinto al diseñado por el legislador en la Ley de Migraciones Nro. 25.871. Entre las modificaciones que realiza, el DNU altera el régimen de recursos administrativos ante órdenes de expulsión, limita las vías de impugnación judicial y el acceso a la justicia de personas migrantes ante esas decisiones"(Fuente: Reuters)

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