Política

El presidente Alberto Fernández, en un acto con jubilados.

El Ejecutivo establecerá una suba a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Para las categorías más altas, el incremento sería un tercio del correspondiente a los que menos ganan. Especialistas advierten por ola de juicios

 

Tras la suspensión de la ley de movilidad en el marco de la sanción en diciembre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno anunciará este viernes cuáles serán los aumentos que tendrán las jubilaciones y pensiones para el segundo trimestre del año. Se hará a través de una conferencia de prensa, prevista para las 12.00, que estará a cargo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y del director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli.

Si bien la suba establecida por ley determinaba que el aumento debería haber sido de 11,56% para marzo, el incremento finalmente será establecido a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). También se incluirán los correspondiente a los beneficiarios de la AUH y las Asignaciones Familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (PUAM).

El porcentaje exacto se dará luego de que se conociera la inflación de enero, que según el Indec fue de 2,3%, muy por debajo de los cálculos de las consultoras privadas que la estimaban en un 3,5%.

Con todo, las jubilaciones de las categorías más bajas recibirían un aumento de entre uno y dos puntos por encima del porcentaje de inflación estimada trimestral, que podría rondar entre 9% y 12% en promedio.

 
 El aumento podría ser de 12% para los que tienen los haberes más bajos y de 4% para los que están en las categorías más altas. En ese caso, el haber mínimo pasaría de los actuales $14.068 a cerca de $15.700.

En tanto, para las categorías más altas —los jubilados que más ganan— el aumento rondaría un tercio del correspondiente a los que menos ganan. Aunque no hay un número definido, desde el Gobierno ya tienen claro el concepto de cómo sería la fórmula y los objetivos: con la aplicación de estos porcentajes buscan incentivar consumo y que no haya presentaciones en los tribunales por una violación de la ley que está vigente, por la cual debería aplicarse un aumento de 11,56%.

De esta forma, el aumento podría ser de 12% para los que tienen los haberes más bajos y de 4% para los que están en las categorías más altas. En ese caso, el haber mínimo pasaría de los actuales $14.068 a cerca de $15.700. Las jubilaciones y pensiones por debajo de ese valor recibirán un incremento más bajo. Tampoco se confirmó si a estos porcentajes se podría agregar además una suma fija.

No obstante, abogados previsionales consultados por Infobae señalaron que de no cumplirse el aumento estipulado según la ley de movilidad para marzo y junio (del 11,56% para marzo y cerca de 14% para junio, según la ley suspendida), se podría dar una catarata de juicios. En pocas palabras, los especialistas coincidieron en que podría darse un nuevo caso Badaro.

“Si no se cumple con la movilidad en el primer semestre del año va a haber miles de juicios porque ya está devengado el aumento para los jubilados y es un derecho adquirido”, remarcó Andrea Falcone, abogada previsional del Estudio Jubilarnos.com.

 
El aumento abarcará las jubilaciones y pensiones y todo el sistema de prestaciones de la Anses, como la Asignación Universal por Hijo.

El aumento abarcará las jubilaciones y pensiones y todo el sistema de prestaciones de la Anses, como la Asignación Universal por Hijo.

 

En esa misma línea, el abogado Adrián Tróccoli, del Estudio homónimo, detalló que en casos de emergencia como la que sancionó el Congreso, se pueden suspender derechos al tiempo que añadió que no se puede hacerlo de forma indefinida y de manera confiscatoria. “Si bajan, por ejemplo, un 5% las jubilaciones en el marco de una emergencia, puede que no haya problemas. Pero si ajustan las jubilaciones un 20%, no importa la emergencia. Se puede reducir un derecho, pero no eliminarlo”, señaló.

Cabe recordar que a fines de enero, el presidente Alberto Fernández aseguró que el “objetivo” del Gobierno era que en abril todos los jubilados “reciban un aumento” y adelantó que era posible que los que están más abajo reciban un adicional. “Los adicionales son sumas fijas, y eso nos permite controlar un poco más el gasto público y los efectos fiscales de estos aumentos”, explicó Fernández.

A partir de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado, el Gobierno congeló por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria con el propósito de determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las finanzas del Estado.(Fuente: Infobae.com)

 

 

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El Dr. Alejandro Baldini en Tiempo FM (Foto C. Gonzalez)

El Dr. Alejandro Baldini, abogado de la ex esposa de Lázaro Báez, la vecina Norma Calismonte, lleva adelante un reclamo por separación de los bienes patrimoniales y remarcó que van a “buscar los responsables ya que los patrimonios fueron desguazados”.

 

“Muchos en Río Gallegos se han hecho millonarios a costa de la familia Báez”, afirmó. 

Norma Calismonte está haciendo un pedido por separación de bienes con su marido, Lázaro Báez, de quien se divorció en el 2016 (antes de su detención por la cual se mantiene en prisión desde ese mismo año).  

En este contexto, Tiempo FM dialogó con el Dr. Alejandro Baldini quien explicó que está iniciando investigaciones para “mantener incólume el patrimonio de la familia Báez, compuesto por distintas sociedades que tienen cada una sus patrimonio y sus bienes”.

 “Observamos con enorme preocupación como mucha gente se ha enriquecido en Río Gallegos y todo el país a costa del desmembramiento de este patrimonio”, manifestó el abogado y dijo que “vamos a buscar los responsables ya que los patrimonios fueron desguazados”.  

En este punto, dio cuenta que “hay maquinaria en la empresa Austral que es de imposible reposición y no se va a vender ni como chatarra, esa responsabilidad es del Estado y del Poder Judicial”.  

“Hay innumerable cantidad de bienes que andan circulando por la ciudad y otros que terceros inescrupulososalquilanmaquinas que genera un enriquecimiento indebido”, sostuvo el letrado y representante legal de Norma Calismonte.  

Por esto, expuso que pretenden “separar los bienes gananciales a la misión de la reconstrucción del patrimonio, develar quienes son el grupo de personas que se enriquecen con los bienes de la familia”. “Hay muchos que se van a poner muy nerviosos”, afirmó Baldini.

Dejó en claro que “el interés de Norma es el patrimonio de sus hijos y sus nietos” y que “no tengo la menor duda que Lázaro Báez le va a hacer un juicio millonario al Estado”. A esto añadió que “le asiste el derecho a hacerlo”.

EL PERRO ENJAULADO

Para ejemplificar cómo se encuentra Lázaro Báez en esta situación, Baldini realizó expuso una metáfora que es como “un perro con garrapatas”. “Un perro con garrapatas pero suelto es una cosa, pero está enjaulado”.

Al mismo tiempo, expuso que Báez es como “un perro está atado” y que “ese perro tiene perritos, y los perritos no van a tener para comer”.(Fuente: TiempoSur.com.ar)

 

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Alberto Fernández, con Elizabeth Gómez Alcorta, en el inicio de su gestión.

Santiago Cafiero reiteró la posición presidencial: son detenidos de manera arbitraria. Y fue más lejos: dijo que el tema debe ser resuelto por la Justicia y no por el Ejecutivo. Una ministra le salió al cruce

 

El Gobierno está por cumplir apenas dos meses de gestión y contabiliza al menos tres capítulos visibles de la pulseada en torno de lo que el kirchnerismo duro y sus aliados definen como “presos políticos”. Es una expresión de la ofensiva más amplia contra los juicios por corrupción y no sólo un debate sobre detenciones, sin distinción entre la polémica por las preventivas y las condenas. La última entrega de esta pulseada acaba de sumar otro integrante del gabinete nacional contradiciendo el criterio presidencial y una vuelta de tuerca sobre ese criterio: desde la Casa Rosada responden que resolver esos casos es tarea de la Justicia y no del Poder Ejecutivo.

Santiago Cafiero -por su lugar jerárquico y más, por el tipo de relación con Alberto Fernández- debería ser considerado la voz más calificada del elenco ministerial. Ha sufrido, en el desembarco del Gobierno, algunos contratiempos o fallas informativas como otros. Pero en este terreno, de manera precisa, reproduce la posición del Presidente, según se encargan de destacar en el círculo presidencial.

 
Santiago Cafiero, jefe de Gabinete. Sostuvo que “no hay presos políticos” en el país y sí detenidos de manera injusta, arbitraria

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete. Sostuvo que “no hay presos políticos” en el país y sí detenidos de manera injusta, arbitraria

 

En una entrevista con Infobae, el jefe de Gabinete sostuvo el jueves que “no hay presos políticos” en el país y sí detenidos de manera injusta, arbitraria. En la línea presidencial, amplió después agregando referencias a persecuciones políticas y lawfare durante el macrismo. Pero advirtió que la cuestión de los detenidos –ex funcionarios y referentes K- debe ser resuelta por la Justicia.

 

Hubo una nueva andanada de reproches a esa posición desde filas del oficialismo, y Santiago Cafiero salió ayer mismo a responder. Fue incluso más preciso en colocar el tema en el ámbito judicial y no del Poder Ejecutivo: dijo que el Gobierno “debe dejar que la Justicia, si tiene que revisar causas, lo haga como lo solicitan las defensas”.

Se mezclan en este punto varias cuestiones. La primera no sería o no debería ser interpretada como un simple recitado sobre la división de poderes. Lo que estaría diciendo en público es que no habría voluntad política de una jugada presidencial, al menos por ley específica o decreto, para frenar y revertir esos juicios. Una respuesta en todo caso al kirchnerismo más duro que reclama una salida de ese tipo –por la vía legislativa y con el oficialismo actuando en bloque- para clausurar procesos y condenas, más allá de la instancia judicial que esté recorriendo.

Pero las cosas no se agotan allí. Pesan los mensajes y también operarían en este terreno presiones menos brutales o evidentes sobre los jueces federales, cuando siguen siendo imprecisos los alcances y el envío al Congreso de la reforma judicial anunciada por el Presidente. De momento, alcanza para generar inquietud y tal vez para recoger algunas señales al nuevo poder político desde Comodoro Py, que de hecho exponen los tiempos eternos del andar judicial.

 
Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por los contratos de obras con Lázaro Báez. Un frente judicial complejo.

Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por los contratos de obras con Lázaro Báez. Un frente judicial complejo.

 

De todos modos, y aún en el horizonte de un condicionamiento de esa naturaleza -combinado con el accionar de repuestos operadores kirchneristas en medios federales-, no asoma sencillo cerrar el frente judicial de Cristina Fernández de Kirchner. En círculos no ajenos al oficialismo, y también entre conocedores de estos temas hoy en la oposición, se pinta este cuadro: es posible que queden en la nada causas como la del dólar futuro, pero en condiciones normales es muy difícil revertir casos como Hotesur y Los Sauces.

Eso, enfatizan, en las condiciones actuales. Algo que explicaría, en espejo, las posiciones sostenidas más allá de lo ideológico por Raúl Zaffaroni y Eduardo Barcesat: cada uno a su modo, empujan alguna salida por ley para frenar definitivamente los juicios.

La ofensiva por los “presos políticos” no expresa un camino determinado pero sí un objetivo, más allá de que para bajarle el tono, algunos prefieren presentar todo como un debate por una cuestión semántica. La primera expresión de esta escalada apareció poco antes de las celebraciones de fin de año posado, con un pedido de libertades y sin otro condimento. A mediados de enero, el foco estuvo puesto directamente en el Presidente, medido en su reacción hacia afuera pero más que molesto por esa andanada. Ahora, el apuntado fue su jefe de gabinete.

En estos últimos capítulos, y al margen de las declaraciones más duras o llamativas –Hebe de Bonafini, Julio De Vido, Oscar Parrilli-, entró en crisis la explicación que remitía tales reclamos a sectores marginales dentro del oficialismo.

 
Hebe de Bonafini, la voz más directa y dura en el reclamo por Amado Boudou y otros detenidos.

Hebe de Bonafini, la voz más directa y dura en el reclamo por Amado Boudou y otros detenidos.

 

Hace un mes, de todos modos, había sido minimizado el tuit con que Eduardo “Wado” de Pedro se pronunció a cuatro años de la detención de Milagro Sala. “No queremos más presas y presos políticos en la Argentina”, escribió. No trascendió ninguna señal de disgusto con el ministro del Interior: es una pieza central del Gobierno. Dicen que habría limitado sus dichos al caso de Sala sin pretensiones de polémica con el Presidente, que buscaría una salida política a escala provincial para este caso.

El silencio de entonces expresó, sí, especial celo en el cuidado de las exposiciones públicas. Ayer, por eso mismo, causaron impacto interno las declaraciones de Elizabeth Gómez Alcorta en respuesta sin vueltas al jefe de Gabinete. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad puso como ejemplo a Milagro Sala –cuya defensa encabezó- pero fue más lejos y definió a su modo –con tono de explicación destinado a Cafiero- la categoría de “preso político”.

Habrá que ver cómo lo interpreta en términos de interna el jefe de Gabinete y, sobre todo, el Presidente. No se trata de un debate académico, ni de derecho ni de ciencia política. Silencio y malestar van de la mano, por ahora.(Fuente: infobae.com)

 

 

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof (Télam)

El gobernador aplazó el incremento que correspondía a diciembre por “la situación financiera sumamente compleja de la provincia”. La suba se concretaría recién en marzo

 

Pocas horas después de anunciar el pago a los bonistas, Axel Kicillof dispuso postergar un aumento que les correspondía a los docentes debido a “la situación financiera sumamente compleja de la Provincia”.

El año pasado, la ex gobernadora María Eugenia Vidal cerró la paritaria con los gremios docentes después de ofrecerles una cláusula gatillo trimestral para todo el año. Es decir, aumentos cada tres meses de acuerdo a la inflación registrada por el INDEC.

Hoy los docentes cobrarán sus salarios de enero con un aumento del 11,7 por ciento. Sin embargo, ese aumento contemplará solo las cuotas de octubre y noviembre, y dejará al margen una suba vinculada al aguinaldo de diciembre.

Los índices de precios se publican a mes vencido. La inflación de diciembre se conoció a mediados de enero y, por eso, recién ahora deberían otorgar los aumentos del último trimestre del año. Ese incremento que se postergó representan unos 2.950 pesos para un maestro de grado con diez años de antigüedad o 4.115 pesos para un director de primaria.

 
 
El FUDB no se expresó oficialmente sobre la postergación del aumento

El FUDB no se expresó oficialmente sobre la postergación del aumento

 

Después de comunicarles la decisión a los dirigentes sindicales, el gobierno bonaerense emitió un breve comunicado. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirma que se respetará lo acordado en la paritaria docente 2019. La provincia comunicará a los gremios docentes el mecanismo para el pago de la suma que quedó remanente por la diferencia del mes de diciembre último, que comenzará a saldarse en el mes de marzo”, señala.

“Como es de público conocimiento, la situación financiera de la Provincia es sumamente compleja. Pese a estas dificultades, reafirmamos nuestro compromiso con las trabajadoras y los trabajadores bonaerenses. Seguimos trabajando para poner a la provincia de pie”, cierra el texto.

Según supo Infobae de fuentes sindicales, la administración bonaerense les prometió que el aumento demorado se depositará en un pago en marzo.

Después de ser informados, el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) no se proclamó por sus canales oficiales al respecto. Donde sí hubo repercusiones fue en la oposición, que le reprochó a Kicillof el trato diferenciado que le dio a bonistas y docentes.

“Ayer nos enteramos que a los fondos le pagan de contado y calladitos. Ahora vemos que no es igual con el sueldo de los docentes. ¡Estoy totalmente sorprendido! Me llama la atención el silencio cómplice de los dirigentes sindicales. Una vez más queda demostrado que ni los docentes ni la educación son su preocupación”, señaló Sergio Siciliano, ex secretario de Educación bonaerense y actual diputado provincial.

Ante la consulta de este medio, desde el Ministerio de Trabajo sostuvieron que, pese a la postergación, “todo se va a pagar”. “Anda circulando por Twitter voces que dicen que no se va a pagar. No es así. Todo se va a pagar”, afirmaron.(Fuente: infobae.com)

 

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Aníbal Fernández regresó a la política de Quilmes para respaldar a la intendenta local, Mayra Mendoza.

El ex jefe de Gabinete está procesado en las causas Fútbol para Todos, Plan Qunita y Plan de tratamiento de residuos. Además, se lo investiga por supuesto enriquecimiento. El funcionario relativizó las denuncias y dijo: “Nadie me puede decir corrupto”.

 

Con la reciente entrega de informes patrimoniales de la AFIP, avanza la causa por supuesto enriquecimiento ilícito en contra del flamante interventor de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, quien ya tiene tres procesamientos en las causas Fútbol para Todos, Qunita y el plan para el manejo de la basura.

Dos de esas causas ya fueron elevadas a juicio oral y esperan fecha de inicio, en una complicada situación judicial.

En cambio, en la causa del Triple Crimen de General Rodríguez nunca se probó que Fernández haya sido “La Morsa”, uno de los jefes de la mafia de la efedrina como afirmó el condenado por el asesinato de Sebastián Forza, Martín Lanatta​.

Aníbal por estas causas mantiene una vieja pelea de fondo con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió,​ que incluyó el intercambio de acusaciones judiciales y fuertes ironías.

A fines del año pasado, la AFIP había enviado informes sobre la evolución patrimonial de Aníbal, sus familiares directos, y de su ex jefe de gabinete y mano derecha, José Gaincerain, en la causa por enriquecimiento que le abrieron las diputadas Carrió y Mónica Frade.

El juez federal 1 de Lomas de Zamora, cuando termine la feria, seguramente podrá decidir la situación procesal de los imputados.

La otra causa más reciente es del año pasado, cuando el juez Claudio Bonadio procesó a Aníbal, a su antecesor Jorge Capitanich y a tres ex secretarios de Medio Ambiente, en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013-2015.

Se les imputa el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La maniobra habría sido por 604 millones de pesos. A cada uno de los ex jefe de Gabinete de Cristina se les trabó un embargo de 3 millones de pesos.

Una de sus primeras complicaciones judiciales fue en Junio 2016 cuando la jueza federal María Servini procesó a Aníbal y a otros ex jefes de Gabinetes el delito de violación de los deberes de funcionario público y los embargó en $10 millones.

Servini les imputó no haber controlado los fondos del programa Fútbol para Todos. Es por el manejo irregular de los fondos del Fútbol para Todos, unos $ 5600 millones entre 2009 y 2015. El año pasado, Servini mandó esta causa a juicio oral.

En noviembre de 2017, en la causa conocida como Fifagate (la ramificación del caso abierto en Estados Unidos), el fiscal Gerardo Pollicita había pedido la indagatoria Aníbal, entre otros, a raíz de las confesiones en EE.UU. del ex gerente general de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco​. Pero el pedido no se concretó.

Sin embargo, en la causa"Fútbol para Todos", Servini amplió la acusación contra Aníbal por "irregularidades en la contratación con el único auspiciante, la firma de camiones Iveco", de la televisación de los partidos y se lo embargó en 50 millones de pesos.

En el 2017, se conoció casi una anécdota de su relación con el fútbol. El empresario mexicano Carlos Ahumada le reclamó 100 mil dólares por la supuesta compra del sobrino del político K, Fernando Pagés, que pagó y dijo nunca recibió los derechos de la transferencia, en un dato inédito de la relación entre ambos.

Casi en forma paralela al caso FPT, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Aníbal en el Plan Qunita que significó una inversión de más de $ 1.100 millones y según la denunciante, la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña, hubo “sobreprecios de hasta 100 por ciento”.

La denuncia inicial apunta a una sobrevaluación de los 140 mil kits comprados a varias empresas. A mediados de 2016, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Aníbal Fernández y otros en esta causa que fue a juicio oral.

Consultada por Clarín la diputada Ocaña por el nombramiento de Aníbal con tres procesamientos, dijo que “este Alberto Fernández no es el Alberto del 2007 hizo renunciar a los funcionarios procesados en el caso Skanska, como el ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Mario Madaro”.

La designación de Aníbal "tiene que ver con la decision de que vuelva lo peor. Es la impunidad que quiere mostrar Cristina Kirchner”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre. "Parece que lo mejor para tener un cargo público es tener antecedentes penales”, agregó con ironía.

Por su parte, Mónica Frade teme que con el cambio de Gobierno “la AFIP empiece a retrasar los pedidos de información de la justicia sobre Aníbal y con el tiempo consigan la prescripción y la impunidad”.

Para la diputada, "tener un cargo público es una forma de refugiarse frente a estas causas judiciales que tiene abiertas".

En cambio, Aníbal afirmó que "yo no me como esa gilada de que tengo una mala imagen. Si tengo una mala imagen en este país fue por defender a mi Gobierno”.

“Nadie me puede decir que fui un corrupto, si no me hubieran metido preso en estos cuatro años que les encantaba meter presa a la gente", remarcó.

Seguido, Aníbal Fernández desestimó los procesamientos que afronta en varias causas judiciales. "Son algo sin sentido. Van a terminar, como tienen que terminar, en el archivo definitivo porque no tiene ninguna solución eso", dijo.

Lejos está Aníbal de aquel que en el 2001, como jefe de Gabinete, había sostenido los procesamientos judiciales que sufrió el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli en la causa de la mafia de los medicamentos y el financiamiento de la campaña de Cristina en el 2007 no representan ninguna "complicación" para el Gobierno de la ex presidenta y recordó que el ex funcionario "era la mano derecha" de Alberto Fernández.

"La campaña (electoral de 2007) tenía un jefe de campaña que era Alberto Fernández, y Capaccioli era un hombre de su confianza, la mano derecha", dijo Fernández.

El flamante interventor, también está siendo investigado en una causa por el acuerdo extrajudicial que permitió licuar una deuda de casi 250 millones de pesos de la empresa Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López.

En su historia política, también registró una dura pelea con el ex titular de la secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, José Granero por el control del registro de precursores químicos. En esa época, también tuvo roces con el ex director de la SIDE Antonio Stiuso por el manejo de la inteligencia.

Aníbal como ministro del Interior o jefe de Gabinete retuvo el control de las fuerzas de seguridad federal y, por ende, sus aparatos de inteligencia criminal que protagonizaron cortocircuitos con la SIDE. Su reivindicación con Cristina, fue tras la muerte violenta de Alberto Nisman, a quien criticó por sus relaciones con modelos mientras las paredes de Buenos Aires se cubrían con afiches ilustrados con fotos tomadas del celular del fiscal de la AMIA, en sintonía con la estrategia de la ex presidenta.(Fuente: Clarin.com.ar)

 

 

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Director-General of the World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference after a meeting of the Emergency Committee on the novel coronavirus (2019-nCoV) in Geneva, Switzerland January 30, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

El jefe de la agencia de las Naciones Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la decisión puede conducir a una mejor coordinación para combatir la enfermedad

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves la emergencia internacional por el nuevo coronavirus, una designación raramente utilizada que podría conducir a una mejor coordinación internacional para combatir la enfermedad.

“Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles... Esto no es un voto de confianza en China”, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en Ginebra.

 
Trabajadores de la salud a cargo de los chequeos por el coronavirus eb el Aeropuerto Internacional de Kotoka, en Accra, Ghana (REUTERS/Francis Kokoroko)
Trabajadores de la salud a cargo de los chequeos por el coronavirus eb el Aeropuerto Internacional de Kotoka, en Accra, Ghana (REUTERS/Francis Kokoroko)

Y agregó: “El principal motivo de esta declaración no es lo que está pasando en China, sino lo que está pasando en otros países”.

 

Además, las autoridades de esa agencia dependiente de Naciones Unidas, afirmaron que no existen motivos para limitar los viajes ni el comercio con China. “La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción” de viajes o comercio, añadió el jefe de la OMS.

 
Conferencia de prensa de la OMS (REUTERS/Denis Balibouse)
Conferencia de prensa de la OMS (REUTERS/Denis Balibouse)

La enfermedad, cuyo epicentro es la provincia de Wuhan, ya contagió a más de 8.000 en cerca de una veintena de países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China.

Un comité de emergencia de 15 expertos, convocado por Adhanom Ghebreyesus, declaró esta alerta, tras haberla descartado hace una semana, ante la aparición de varios contagios de persona a persona en países como Alemania, Japón, EEUU o Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China.

La declaración, subrayó el director general de la OMS, busca un mayor apoyo a los países menos desarrollados y con sistemas de salud insuficientes para detener posibles casos, y también una llamada a que la comunidad internacional acelere la investigación en tratamientos y vacunas.

También se busca con la alerta “combatir los rumores y la desinformación”, indicó Tedros, quien aseguró que “es el momento de la solidaridad, no del estigma” hacia China.

 
FOTO DE ARCHIVO. Una trabajadora usa un termómetro para chequear la temperatura de una cliente que entra a una tienda de Starbucks, mientras el país es golpeado por un nuevo coronavirus, en Pekín, China. 30 de enero de 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.
FOTO DE ARCHIVO. Una trabajadora usa un termómetro para chequear la temperatura de una cliente que entra a una tienda de Starbucks, mientras el país es golpeado por un nuevo coronavirus, en Pekín, China. 30 de enero de 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

Es la sexta vez en su historia que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras las que activó ante el brote de gripe H1N1 en 2009, los de ébola en África Occidental en 2014 y en la República Democrática del Congo en 2019, el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.

Más temprano el jueves, las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron el primer caso de contagio de coronavirus de persona a persona en el país. Se trata de un hombre que contrajo la enfermedad a través de su esposa, de unos sesenta años que, a diferencia de él, sí había viajado a Wuhan, epicentro de la enfermedad.

“La segunda persona en Illinois que dio positivo por el nuevo coronavirus es un residente de Chicago y está casada con el primer caso por viaje confirmado en Illinois”, dijo Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Con información de AFP, EFE y AP

 

 

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Margatira Stolbizer. FOTO: NA

El referente industrial había ganado su lugar en la Cámara en 2017 con la alianza del GEN y el Frente Renovador. Ahora pidió licencia para asumir en el BICE.

 

La designación de José Ignacio De Mendiguren frente al Banco de Inversión y Comercio (BICE) motivó a Margarita Stolbizer para salir a reclamar la banca que deja el empresario en la Cámara de Diputados. La líder del Partido GEN sostiene que el escaño corresponde a su espacio, debido a la alianza que formaron en 2017 con el Frente Renovador, que se llamó Frente 1 País. En el lugar del referente industrial, afirma la legisladora, debería asumir Marcelo 'Oso' Díaz, quien fue séptimo en la lista, sin embargo, el Frente de Todos no quiere perder la mayoría en la Cámara baja. "Con maniobras ilegales y manipulación del poder y las normas, el oficialismo 'inventa' una indigna licencia de De Mendiguren para impedir el ingreso del diputado electo Marcelo Díaz. La democracia es pluralismo y así se conforma el poder legislativo. Forzar mayoría excluyendo, manipulando normas es violar derechos y degradar instituciones. El director del BICE debe renunciar a su banca para facilitar el ingreso del siguiente diputado electo", denunció Stolbizer en su cuenta de Twitter. La titular del GEN alertó además que "no permiten el ingreso de nuestro diputado por autoritarios o por miedo. No aceptan otras voces y cambian normas a su antojo. Denunciamos las maniobras políticas del oficialismo". La denuncia se debe a que, para poder asumir como director en el BICE, De Mendiguren debía renunciar a su banca y, para evitarlo, el pasado 24 de enero se realizó una asamblea de accionistas para modificar el estatuto del banco. Ahora la licencia que se tomó el diputado permite entender que no está en ejercicio pleno de su función legislativa, situación que antes estaba prohibida. De Mendiguren aclaró que él nunca quiso irse del Congreso, donde veía una posibilidad de avanzar con muchos proyectos desde la Comisión de Industria, el área a la que siempre se dedicó como hombre de la Unión Industrial Argentina. "El BICE tiene que ver con todo lo que yo me he dedicado, por eso el objetivo es recomponerlo, ponerlo en marcha, porque hace seis meses que está parado y lo han descapitalizado", aseguró. Una vez finalizada la tarea, sostiene, volvería a Diputados y quedaría en su lugar Miguel Peirano, que lo estará acompañando en el BICE. (Fuente perfil.com)

 

 

TEPUEDE INTERESAR

Martín Guzmán FOTO: CEDOC

Luis Cubeddu, jefe de la misión del organismo multilateral para la Argentina, dijo al salir de reunión que ya se empezaron "elaborar los pasos a seguir".

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó hoy de "positiva" la reunión que sus funcionarios mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para comenzar a renegociar la deuda por el acuerdo de apoyo financiero. Tras más de dos horas de negociaciones en Nueva York, Luis Cubeddu, jefe de la misión del organismo multilateral para la Argentina, dijo que se trató de una "reunión positiva". En ese sentido, el FMI sostuvo que con el Gobierno se "empezaron a elaborar los pasos a seguir", tras el encuentro en que la Argentina empezó a renegociar la devolución de los US$ 44.000 millones que el organismo prestó al país. El acuerdo stand by, aprobado en junio de 2018, alcanzaba los US$ 57.000 millones, pero el gobierno de Alberto Fernández aclaró que no pretende pedir los US$ 13.000 millones aún pendientes para desembolsar en el país. Del encuentro, además de Guzmán, participaron el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu. Economía apuesta por una relación 'corta' y sin condiciones con el FMI El objetivo del gobierno argentino es refinanciar el préstamo que fue pactado inicialmente a dos durante la gestión de Mauricio Macri.  Entre 2022 y 2023, Argentina deberá devolverle al FMI más de 46 mil millones de dólares entre capital e intereses, según el cronograma actual, por lo que buscará posponer esos vencimientos. Para analizar esa propuesta, el FMI había solicitado un plan económico y fiscal.  Según pudo saber PERFIL, la intención del Gobierno es estirar los plazos de pago en lugar de renegociar un plan de “facilidades extendidas”, que es el programa que suele ofrecer el FMI a los países que buscan recuperarse tras el salvataje inicial. Los objetivos que se manejan en el Palacio de Hacienda apuntan a mostrar las coincidencias con el Fondo, pero también evitar que el organismo dicte metas y objetivos de política.  La reunión de Guzmán con el FMI forma parte de la agenda de actividades del ministro en los Estados Unidos, donde el lunes mantuvo una reunión con medio centenar de inversores internacionales y representantes de bancos de inversión en la sede neoyorkina del Council of Américas. En la actividad oficial del funcionario, tras el encuentro con inversores, se completó el lunes con una serie de reuniones con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (Fuente perfil.com).

 

 

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