Francisco Durañona, intendente de la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, sorprendió al congreso provincial de "El Manifiesto Argentino", un espacio de debate político, al pedir el establecimiento de una Corte Suprema compuesta por jueces militantes políticos. Fue aplaudido por la concurrencia, entre la que se encontraban el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, el senador Fernando 'Pino' Solanas, exvicegobernador Gabriel Mariotto y el gremialista docente Roberto Baradel. "Tenemos que ganar para lograr mayoría simple en el Congreso nacional", arengó el político, que fue funcionario de la ANSES durante la presidencia de Néstor Kirchner. Su propósito es "el 11 de diciembre, enviar un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte". "Los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llega el momento de la hora de jubilarse, se vayan y abandonen el cargo”, afirmó. Durañona agregó que esos cortesanos "los militantes nuestros" que "van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular". "Y con eso se blinda todas las posibilidades para avanzar que nosotros tenemos y evitar que, la reforma a la ley de medios, la reforma judicial, caigan en saco roto con medidas cautelares y fallos de la Corte que, en última instancia, terminan dando marcha atrás", afirmó. En diálogo con la prensa, dijo que él propondría "hombres de la política" como Federico Pinedo, Graciana Peñafort o Miguel Ángel Pichetto. Durañona dijo que es "clave" que los jueces de la Corte Suprema "tengan un conocimiento y una participación en la vida política" y "no jueces que defiendan intereses económicos particulares y sectoriales". "Necesitamos jueces de nuestro espacio político que tengan la preparación y conocimiento jurídico para que, cuando lleguen los temas a instancias de la Corte que nosotros mismos proponemos y promovemos, y que creemos que son muy importantes para el desarrollo democrático de nuestro pueblo lo puedan defender y que no queden frenados porque la Corte tiene intereses distintos a los intereses populares". (Fuente www.perfil.com). 

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, en el brindis de fin de año de la Corte Suprema.

Esperaba un fallo adverso sobre el cálculo para actualizar jubilaciones, pero no el recorte de facultades a Rosenkrantz, presidente del máximo Tribunal.

 

El Gobierno esperaba un fallo adverso de la Corte Suprema sobre el cálculo para actualizar jubilaciones y pensiones. Tuvo como postrera ilusión que la decisión se postergara hasta febrero. Pero la derrota política, antes o después, iba a suceder. En cambio, no previó un segundo traspié que coronó la última audiencia del año del máximo Tribunal: el recorte de facultades para su presidente, Carlos Rosenkrantz. Uno de los dos magistrados que propuso Mauricio Macri cuando inició su mandato en 2015 para oxigenar la cima del Poder Judicial. El otro fue Horacio Rosatti, ex ministro de Néstor Kirchner, coronado por consejo de la diputada Elisa Carrió.

Por inesperado y brutal, tal vez, el segundo mandoble sonó más doloroso. Aunque el modo de votación sobre el juicio entre Lucio Blanco y la ANSeS, por la fórmula que debe aplicarse a la actualización de los haberes, presagió la tormenta que vendría. Rosenkrantz volvió a votar en soledad. Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Rosatti y Elena Highton constituyeron la mayoría que declaró inconstitucional el índice que utiliza la ANSeS. El titular de la Corte había quedado en esa incómoda postura cuando el Tribunal, después de una movida del Congreso, se abroqueló a favor de no beneficiar con la aplicación del dos por uno a las causas ligadas a delitos de lesa humanidad.

La Corte, para darle salida institucional al pleito, le pidió al Congreso que fije “en un plazo razonable” el indicador para la actualización de los haberes en el período 1995-2008. Mientras tanto, determinó que la adecuación se realice con el mecanismo (ISBIC) que tuvo mayor variación entre 1995-2009: un 435% contra el 178% de la fórmula que había utilizado la ANSeS para la denominada reparación histórica de los jubilados.

Los cuatro jueces que votaron a favor de la inconstitucionalidad se ocuparon de aclarar que no se vislumbra ninguna hecatombe. Quizá, para contrarrestar los alertas de la Casa Rosada sobre el impacto en las cuentas fiscales y el acuerdo suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La resolución de este martes incumbe sólo al caso Blanco. Aunque disparará otros litigios. Los hombres de la Corte se encargaron de hacer dos precisiones. El Estado afronta por año alrededor de 30 mil juicios previsionales cuya liquidación está prevista en el Presupuesto. Esa cifra tal vez trepe en el futuro a 40 mil. Pero nunca podría desbordar las previsiones presupuestarias.

El caso del cercenamiento a Rosenkrantz transmite una llamativa combinación de errores personales con otros de mala praxis de la mesa judicial que entorna a Macri. Entiéndase: José Torello, José Rodríguez Simón, Pablo Clusellas, el secretario Legal y Técnico y Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. El macrismo, por lo visto, no se ha propuesto extirpar uno de los peores vicios que enfadan a Carrió: la intervención de los espías en las decisiones judiciales. De ese equipo participó activamente hasta el 9 de diciembre Daniel Angelici. Pero la catástrofe de Boca lo obligó a focalizar sus energías en el club. Ahora no anda detrás de jueces sino de directores técnicos a fin de encarrilar un rumbo que ha colocado en riesgo la hegemonía macrista en el club de la Ribera. El año próximo, como en el país, también allí se celebrarán elecciones.

No bien Rosenkrantz logró quebrar el dominio de Lorenzetti por más de una década en la Corte, habría cometido un pecado. Sentirse, al decir irónico de uno de los jueces, nuevo emperador de Roma. Su primera acción tuvo éxito. Bloqueó el Centro de Información Judicial (CIJ) y detonó la separación de la secretaria del organismo, María Bourdin. Comarca manejada a gusto y eficacia por el abogado de Rafaela. Eso generó un intercambio de acusaciones poco decorosas entre el nuevo presidente de la Corte y su antecesor. Lorenzetti hasta habló de violencia y maltrato de género. Precursor, como se ve, de un debate que ocupa la escena pública.

De inmediato, Rosenkrantz pretendió desplazar al secretario administrativo de la Corte, Héctor Daniel Marchi. Un contador que quiso en origen estudiar medicina. No pudo hacerlo por las exigencias que le imponía de joven su carrera como futbolista en Atlético Rafaela. Zaguero rudo. Se dedicó a los números y contentó a sus padres. Ahora maneja una caja millonaria que financia a todo el Poder Judicial. Aquella jugada de Rosenkrantz falló. Pudo haber sido, a la par, un límite para la paciencia de Lorenzetti. De su oficina nació la idea del recorte de facultades al Presidente. Contó con la solidaridad de Maqueda y Rosatti. La doctora Highton fue y vino varias veces tironeada por la Casa Rosada y el interior del Tribunal que integra. Terminó no votando porque la propuesta de sus pares significó un vaciamiento exagerado, según su criterio, al poder real del titular de la Corte Suprema.

Rosenkrantz no podrá decidir contrataciones en la Justicia por propia voluntad. Como hizo Lorenzetti durante su extenso tiempo. Tendrá que cosechar, al menos, las firmas de otros tres ministros. Incluso ese trío podría hacerlo con autonomía. Golpe severo, sin dudas. Que el jefe del cuerpo prometería resistir, después de la feria de verano, con una argumentación: correspondería a él solo la libre disponibilidad del dinero que el Presupuesto otorga a la Justicia.(CLARIN)

 

 

Así lo consideró la diputada provincial tras conocerse el fallo del máximo tribunal. “Por respeto a la ciudadanía, a las instituciones de la democracia, a la Constitución Provincial y por responsabilidad histórica, tenemos que derogarla en esta Legislatura”, reafirmó la legisladora de Encuentro Ciudadano.

 

“Finalmente, en su esperada sentencia de este 11 de diciembre la Corte Suprema no se expidió sobre la cuestión de fondo, es decir, respecto del pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Lemas para gobernador y vice, que es lo que estaba en discusión allí”, observó en primer término la diputada provincial Gabriela Mestelán.

Acto seguido, la legisladora de Encuentro Ciudadano afirmó tajante: “por eso reiteramos y ratificamos que quienes debemos derogar la totalidad de esta ley, por inconstitucional el caso de gobernador y por ilegítima todo el resto de la ley, somos los 24 diputados que integramos la Cámara de Diputados de Santa Cruz”.

‘TENEMOS SOBERANÍA POLÍTICA PARA HACERLO’

El argumento de Mestelán se desprende de lo que logró poner en discusión desde su banca en la sesión del pasado 22 de noviembre: ese día se votó en la Legislatura Provincial un proyecto de Reforma Integral del Sistema Electoral “que implicaba, en términos concretos, derogar la Ley de Lemas en todas las categorías”, recordó.

Pese a que la votación se perdió por no contar con el apoyo de la mayoría del bloque Frente Para la Victoria/PJ, a excepción del diputado Carlos Santi, la legisladora afirmó en reiteradas declaraciones públicas: “tenemos soberanía política para derogar toda la Ley de Lemas”.

En efecto, había hecho referencia al concepto de “soberanía política” cuando defendió su proyecto en el recinto: “al margen de lo que decida la Corte, que no sabemos qué va a decidir, la soberanía política de lo que debamos hacer para Santa Cruz es nuestra”. “Quien tiene que decidir un sistema electoral justo que respete la voluntad de los ciudadanos, que respete las instituciones de la democracia, las minorías y la Constitución somos nosotros”, argumentó desde su banca. “El 11 de diciembre lo que vamos a escuchar es una resolución jurídica, la Corte Suprema de Justicia se va a expedir, lo que nosotros tenemos que tener acá es voluntad y convicción política. Yo, señor Presidente, la tengo”, remató Mestelán aquel día, al dirigir sus palabras al vicegobernador Pablo González, quien presidía la sesión.

‘QUE DEJEN DE JUGAR CON LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA A SU CONVENIENCIA’

“El oficialismo de Santa Cruz, que son quienes gobiernan desde el regreso de la democracia (kirchnerismo y PJ), es quien ha manipulado el sistema electoral de acuerdo a sus conveniencias a lo largo de todos estos años. Es tiempo de hacer lo que nos pide el

pueblo de la provincia desde hace mucho tiempo, que en su inmensa mayoría nos pide la derogación de la Ley de Lemas”, declaró la legisladora tras conocerse el fallo de la Corte Suprema. 

“Entonces, por respeto a la ciudadanía, por respeto a las instituciones de la democracia, por apego a la Constitución Provincial y por responsabilidad histórica tenemos que derogarla en esta Legislatura”, completó la diputada de Encuentro Ciudadano.

Leandro Doolan
+54 9 2966 15469370
Prensa de Encuentro Ciudadano
www.encuentrociudadano.com.ar

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