Dujovne y Lagarde FOTO: NA

El board del organismo multilateral confirmó el envío de u$s 10.870 millones. Más temprano, un documento del Fondo refirió a la "inercia inflacionaria".

 

Como era de esperarse, el directorio del Fondo Monentario Internacional (FMI) confirmó esta tarde la aprobación de un nuevo desembolso correspondiente al crédito stand by otorgado a nuestro país. Se trata de una transferencia de u$S 10.870 millones. Desde la propia web oficial del FMI la directora gerente del organismo multilateral de crédito, Christine Lagarde, elogió la política económica del Gobierno y aseguró: "Las políticas de las autoridades (argentinas) que subyacen al acuerdo, están dando frutos". Lagarde añadió  que "hay indicios de que la recesión ha tocado fondo y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres". No obstante, y más allá de los elogios, la propia directora del Fondo advirtió que "la inflación sigue siendo elevada; las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar". Por otra parte, Lagarde transmitió al Gobierno la necesidad de aumentar los ingresos a las arcas del Estado: "A la luz de un nivel inferior al esperado del ingreso tributario en el primer semestre del año, será crítico actuar continuamente con prudencia en la ejecución de los planes de gasto y tomar otras medidas para incrementar los ingresos fiscales a fin que la posición fiscal de 2019 llegue al balance primario. Es necesario redoblar los esfuerzos por mejorar el marco fiscal a mediano plazo y la gestión de deuda". El FMI y La OMC prevén una desaceleración de la economía global en 2019​ Como dato positivo, en cuanto a los mejoramientos, la francesa añadió agregó que "los altos déficit fiscales y de la cuenta corriente, dos vulnerabilidades importantes que llevaron a la crisis financiera el año pasado, están disminuyendo". Precisamente, uno de los objetivos del Gobierno es alcanzar el déficit fiscal primario cero. Es decir, que el Estado no gaste más de lo que ingresa. Respecto del balance de cuenta corriente, el mismo ha mejorado notoriamente a raíz de la devaluación, ya que cayeron de manera contundente las importaciones.  Aspectos técnicos. En el comunicado oficial, el organismo anunció la conclusión de la tercera revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018. Las claves de la negociación del Gobierno con el FMI De este modo, autorizó a girar aproximadamente US$ 10.800 millones, con lo que los desembolsos totales treparon a lo cual eleva 38.900 millones. En el Gobierno esperan ansiosos la llegada del dinero, que se concretará la semana que viene. Esta desembolso le permitirá enfriar las presiones diarias sobre la divisa. (Fuente www.perfil.com). 

Christine Lagarde, titular del FMI, y el ministro Nicolás Dujovne se reunieron hace una semana en Washington.

Falta el ok final del directorio del organismo, que se prevé en una semana, para girar u$s 10.870 como parte del acuerdo stand by. El Gobierno podrá subastar u$s 60 millones por día.

 

En un comunicado firmado por Roberto Cardarelli, el técnico que encabezó la misión del FMI que estuvo en febrero en Buenos Aires analizando los números de la economía Argentina y manteniendo reuniones con economistas y asociaciones civiles, el Fondo Monetario Internacional dio el okay para el giro de u$s 10.870 millones. Esta medida se hará efectiva una vez que el directorio ejecutivo de la entidad, conformado por delegados de todos los países miembro, apruebe este desembolso, lo que podría darse este viernes o la semana que viene.

Este nuevo acuerdo del FMI le permitirá al Gobierno a subastar desde abril u$s 60 millones por día “para satisfacer las necesidades de gasto fiscal del gobierno federal por u$s 9.600 millones”, señala el comunicado.  Y agrega inmediatamente: “En la medida en que la moneda esté más apreciada que la zona de no intervención del Banco Central, las ventas se realizarán directamente al Banco Central en la cantidad correspondiente a su anunciada política de compra de divisas no esterilizada.La estrategia de las autoridades permitirá una utilización sin problemas del apoyo presupuestario del FMI”.

El gobierno había hecho este pedido de poder utilizar u$s 9.600 millones para vender y hacerse de pesos para cubrir gastos fiscales. Al tiempo que el Banco Central se encargaba de esterilizar la plaza justamente absorbiendo pesos.

El FMI también, en el comunicado, elogia “los esfuerzos de políticas de las autoridades y la firme determinación de abordar los desequilibrios macroeconómicos y promover su plan de estabilización económica” y señala que “la inflación mensual sigue siendo alta y romper la inercia inflacionaria será un proceso largo que requerirá persistencia y coherencia en el enfoque cauteloso del Banco Central para la fijación de objetivos de base monetaria. El personal técnico, por lo tanto, da la bienvenida a la decisión de las autoridades de extender el crecimiento monetario de base cero hasta noviembre y de disminuir el ritmo al que aumentarán los límites de la zona de no intervención. Esta restricción del marco monetario contribuirá a reducir la inflación y a volver a anclar las expectativas de inflación”.

El organismo destaca que el Gobierno argentino haya cumplido con el objetivo de déficit primario en 2018, pero también indica la necesidad de más restricción del gasto para lograr el déficit cero en 2019. “Estos esfuerzos colocarán a la deuda de Argentina en relación al PBI en un camino decisivo a la baja. Será fundamental que los programas de gasto social de alto impacto se conserven durante este año y más allá”, indica el comunicado.

Esta se da luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la titular del FMI, Christine Lagarde, se reunieran en Washington.(Fortuna)

Los actores de la economía argentina: Cristine Lagarde, titular del FMI, Mauricio Macri y Nicolás Dujovne, ministro de Economía.

Caminos. El gobierno eligió un camino difícil para salir de la crisis. Pero hay algunos atajos

 

Mil doscientos cuarenta metros tiene la vuelta del parque Las Heras. En tres de sus cuatro caras el transito es amigable, con algún que otro obstáculo, pero nada que haga peligrar la velocidad de un trote liviano. Sobre la avenida homónima las cosas se complican; primero porque el pack de transeúntes se torna mas denso, pero sobre todo porque hay muchas paradas de colectivos, con gente que baja sin mirar y otros que llegan al pedestal del colectivo en el ultimo impulso de un pique.

Mientras acumulaba kilómetros de entrenamiento y luego de quedar en varias oportunidades al borde del choque, se me ocurrió pensar que el Banco Central tiene un desafío similar con la política monetaria, algo que más formalmente planteo Robert Lucas hace mas de 40 años.

Sería fácil imaginar que se trata solo de calcular la trayectoria de cada uno de los peatones, para luego elegir el camino mas recto posible. El problema no es con los que caminan de espalda, que solo pueden sorprendernos de manera esporádica y completamente azarosa, sino con los que, por venir de frente, tratan de adivinarnos el sentido del zigzag. La moraleja es que la política económica no se hace en el vacío sino en un mundo lleno de gente que trata de verla venir y anticiparse.

Un ejemplo de ello es la política monetaria expansiva, que primero sorprende a los actores de una economía que con mas liquidez torna mas barato el crédito y luego con mayor inflación licua los salarios. Pero una vez que la gente se da cuenta que los Reyes son los padres, los trabajadores empiezan a pedir una cobertura por inflación en las paritarias y los ahorristas reclaman una tasa mas alta por su dinero o huyen directamente al dólar.

Peor aun; cuando la inflación se acelera, la gente ya no extrapola de manera lineal, sino que aumenta la sensibilidad de las expectativas ante los cambios en las variables que se usan como “testigos” o “señales” de lo que está pasando. La sociedad puede digerir el salto del dólar de $20 a $30, pero entra en pánico si aumenta de $40 a $50

¿Como funciona el plan monetario?

El nuevo plan monetario es bastante simple; se mantiene (casi) sin cambios la cantidad de dinero, para que el promedio de los precios de los bienes y servicios expresados en esa unidad de cuenta, no se muevan. Si continúan los aumentos, en la practica no alcanzará todo el dinero del sistema para hacer las operaciones habituales, como consecuencia de lo cual subirá el costo de la liquidez; o sea la tasa de interés.

Con una tasa de interés mas alta, hay un incentivo para poner la riqueza en inversiones financieras denominadas en moneda local, vendiendo dólares a tal efecto. Ese movimiento de pinzas hace bajar el dólar (o lo hace subir menos que la inflación), lo cual refuerza el posicionamiento en pesos, porque nadie quiere comprar un dólar a $40 si sospecha que mañana puede conseguirlo a $38. El dólar planchado y las tasas altas, a su turno, pinchan la inflación.

Al mismo tiempo el Banco Central puso en práctica un sistema de bandas de monitoreo, definiendo una amplia zona de no intervención, donde el dólar flota entre dos vecindarios en los que la autoridad puede intervenir. Estas fronteras, y esto es clave, van aumentando todos los días al ritmo de la inflación esperada por el gobierno.

Cuando se puso en practica el sistema, el primero de octubre del año pasado, esas bandas estaban equidistantes del valor del dólar, en $34 y $44 respectivamente; puesto en castellano: el billete norteamericano podía subir o bajar $5 desde los $39 que cotizaba la divisa. Pero ese precio (que equivale a unos $45 de hoy) era un valor de pánico, que reflejaba la enorme incertidumbre que había en un país que había licuado el 50% del valor de su moneda en unos pocos meses.

Ni bien se estabilizaron las expectativas, el dólar inició un camino descendente, apuntando directo al límite inferior de la zona de no intervención.

Hoy el sistema quedó desdibujado; no dejan que baje el dólar y el límite superior, que habilita la intervención en el caso de una corrida, quedó demasiado lejos.

El dilema del gobierno

El problema es que en la parte baja de la banda, habrá intervenciones para que el dólar no baje, de modo que la autoridad monetaria nos invita a apostar a que el billete verde seguirá subiendo, al menos al ritmo de la inflación. Ese piso del dólar opera a la vez como piso de la inflación haciendo que sea muy difícil bajarla y recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, clave para reactivar la economía y tener chances electorales, en este contexto. Al mismo tiempo el gobierno juega con fuego, porque, aunque es muy probable que sobren dólares hasta junio, presionando su precio a la baja, también es factible que mucha gente busque dolarizarse más cerca de las elecciones, sobre todo si Cristina tiene chances en las encuestas y gana verosimilitud la posibilidad de un nuevo cepo a partir de diciembre. No lo dejan bajar cuando tiene que bajar y carecen de armas para frenarlo, si quiere subir.

Entonces la pregunta es ¿Por qué no vuelven a poner la banda de fluctuación del dólar equidistante, en $35-$45, permitiendo que baje el billete, afloje la inflación, se recuperen los salarios reales, aumenten las chances electorales y baje concomitantemente la chance de una corrida en el segundo semestre?

Una fuente del Ministerio de Hacienda me explica que eso no es posible porque si la inflación se frena, puede haber problemas fiscales que nos alejen del déficit cero. Concretamente, dado que buena parte del gasto social (jubilaciones y AUHs) se indexan de manera automática, de acuerdo a la inflación pasada, sería ruinoso para el fisco que la recaudación nominal crezca mas lento (digamos al 25%) y los pagos a la seguridad social lo hagan a la velocidad de la inflación pasada (digamos al 50%).

Es cierto que, si la economía no crece, la recaudación se resiente. Pero la caída en la actividad del 2018 ya es un costo hundido y de acá en adelante, por cada 4% que aumente el PBI, sube aproximadamente 1% la recaudación, lo cual no resulta suficiente para compensar una caída nominal de los ingresos del orden del 10%, si la inflación acaba siendo 23% en vez de 33%.

Nótese, además, que de las cuatro locomotoras que pueden permitir una reactivación de la economía en el corto plazo, ni el gasto público (por el ajuste) ni las inversiones (por la incertidumbre electoral), van a empujar. Esperamos sí una recuperación de las exportaciones, concentrada fundamentalmente en el agro, que compara además contra una sequía histórica. Con una inflación a la baja y un dólar más barato en términos reales, el consumo puede traccionar.

Esta vez el trade off no es, como en la curva de Phillips tradicional, entre inflación y actividad, sino entre cumplir con el FMI y perder las elecciones o negociar un waiver y llegar al fin del mandato con inflación bajando y la economía creciendo.(Clarín)

Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario, el lunes en el Foro de Davos. AFP

En un trabajo global sobre el tema, apunta a Argentina y Brasil como países que requieren reformas previsionales.

 

En materia previsional, el FMI tiene en la mira a la Argentina, al menos con dos objetivos: aumentar la edad jubilatoria y reducir el monto de las jubilaciones.

En un documento técnico del organismo publicado la semana pasada (“El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece”) si bien se aclara que es responsabilidad de sus autores, fue presentado con fuertes elogios por David Lipton, subdirector gerente del FMI, lo que le da un particular relieve. Y allí hay una misma referencia y recomendación concreta a la Argentina y a Brasil.

El Estudio reconoce que “para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas previsionales en los últimos años. Las reformas apuntaron en gran parte a contener el crecimiento del número de jubilados, modificando los parámetros claves del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder a los beneficios o reduciendo el tamaño de las jubilaciones a través del ajuste en las fórmulas de cálculo de los beneficios”.

“Sin embargo”, agrega el documento, “se requieren reformas adicionales” y entre otros países, mencionan a Argentina y Brasil donde plantean que se requiere “reducir el “ratio” de los beneficios”. Esto significa reducir la relación entre el haber previsional y los salarios que se toman como base para el cálculo de la jubilación inicial, “ratio” también conocido como tasa de sustitución o de reemplazo.

Esta “recomendación” no es nueva ya que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del año pasado, el Gobierno se comprometió a evaluar en 2019 “conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos” una “reforma del sistema de jubilaciones y pensiones” a la que considera “muy necesaria” y “socialmente equitativa” para “fortalecer la posición fiscal”, fomentar “el crecimiento económico” y crear “empleo en el medio plazo”.

El compromiso con el FMI surge, a su vez, de la ley de Reparación Histórica, sancionada a mediados de 2016, que fijó un plazo máximo de tres años para que se implemente una reforma del sistema previsional “universal, integral, solidaria y sustentable”. Esto quiere decir que, antes de junio 2019, debería presentarse un proyecto al Congreso. Del diseño de esa reforma participará el FMI quien, en verdad, viene abogando hace tiempo por una reforma del sistema previsional en la Argentina.

 

+ Incrementar en forma gradual la edad de jubilación, en especial de las mujeres. Actualmente, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años, con 30 años de aportes, y los varones a los 65 años, también con 30 años de aportes, pero ambos tienen la opción de jubilarse a los 70 años.

+ Reducir el haber inicial de los futuros jubilados. Esto es bajar en un 20% el “ratio” del haber jubilatorio inicial (que hoy ronda un 65% del salario promedio de los últimos 10 años). A modo de ejemplo el FMI dice que en muchos países el haber al momento del retiro jubilatorio es del 50% del salario e incluso menos.

+ Cambiar la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad de los ya jubilados. Esto se concretó en diciembre de 2017. A septiembre pasado, esa fórmula arrojó un aumento del 19,2%, frente a una inflación interanual del 40,5% y perjudicó en 2018 a los jubilados y demás beneficiarios de la Seguridad Social en $ 64.938 millones, según un Estudio de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) Para preparar esa reforma, la ley de Reparación Histórica creó el “Consejo de Sustentabilidad Previsional”, presidido por el Ministerio de Trabajo, a integrar por distintos sectores y expertos para elaborar un proyecto de ley. Ahora se espera la convocatoria de este Consejo.(Clarín)

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