La empresa actual, de momento sigue en Río Gallegos.

El año pasado el Gobierno Nacional anunció el traspaso de subsidios al transporte público a las provincias y municipios. Argumentó que es para dar “autonomía” a los distritos para sus servicios. El ejecutivo anunció que esto incrementaría la tarifa. La capital santacruceña tendrá uno de los boletos más caros de Argentina.

 

En la última parte del 2018, el Gobierno Nacional adelantó que desde este año, las provincias y municipios tendrían que hacerse cargo del financiamiento del transporte público. El Ejecutivo argumentó que el objetivo era brindar mayor autonomía a los distritos para hacerse cargo del servicio. Esto se tradujo a un incremento en el valor del boleto, suba de la que Río Gallegos _según adelantó el propio Intendente a los vecinos- no quedará afuera.  Se estima que el valor oscilará mínimo entre los $25 y $29, algo que generó el repudio del arco opositor y del usuario de los colectivos.  Con esto, según un informe elaborado por Chequeado.com, la capital santacruceña será la segunda ciudad con el transporte público más caro. De seguir esta tendencia, Río Gallegos estaría sólo por debajo de Bariloche. Ya por debajo de la ciudad santacruceña se encuentran Salta, Córdoba, Rosario y Paraná. La única otra ciudad patagónica que aparece en el top es Comodoro Rivadavia.

Según el estado nacional, la quita de subsidios está acompañada con fondos y obras del Gobierno Nacional en todo el país, a través de un fondo de $6.500 millones para el sostenimiento del sistema de transporte en todo el país.
El mantenimiento de la Tarifa Social a lo largo de esta transición, más el intercambio de todo el conocimiento técnico sobre la administración de los sistemas de transporte y en la mejora constante del servicio, llevando adelante las obras necesarias para que cada día los argentinos viajemos mejor, y la presencia de SUBE en 37 ciudades del país.

La última noticia en Río Gallegos fue la continuidad momentánea de la actual empresa, en el marco de las negociaciones con la Comuna. (Con datos de Chequeado.com)

Las Navidades son cada vez más tecnológicas y los regalos de los magos de Oriente o de Papa Noel suelen tener apellidos inteligentes o conectados. Sin embargo, si este año Melchor, Santa, Gaspar o Baltasar no han encargado ya los regalos, tendrán que rascarse un poco más el bolsillo.

No es culpa de la famosa ley de la oferta y la demanda, sino de un viejo conocido del mundo de lo digital: canon. Se esperaba y llegó. Esta semana se ha hecho oficial la llegada de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. La normativa, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece una tasa para cada dispositivo que varía en función de su tipo y que tiene efecto sobre su precio final de venta.

 

Una nueva normativa que entre su articulado recoge una serie de gravámenes para obras digitales, aunque también físicas. Y, lo que es más importante, incorpora un cargo para los dispositivos que permiten la reproducción de este tipo de contenidos, es decir: 'smartphones', 'tablets' y un largo etcétera de dispositivos cotidianos que son uno más de la familia.

La normativa está ya en marcha, aunque, según las autoridades políticas «será transitoria». Esto no significa que la nueva Ley de Propiedad Intelectual vaya a desaparecer, sino que el nuevo extra a comprar un móvil será diferente, quizá, en el futuro.

Pero las cinco letras de canon no son nuevas en el lenguaje de los españoles. Especialmente, canon digital, que ya que se escuchó por primera vez en 2007. Una aprobación llevada a cabo por el gobierno del Partido Socialista y se encontraba en vigor hasta su retirada en 2011. No obstante, en junio de 2017 fue retirada.

 

Pagos y exenciones 

Los 'smartphones' que permiten reproducir vídeo, música o texto, pagarán 1,10 euros, y en tabletas, el canon aumenta hasta los 3,15 euros. En el caso de las impresoras, el canon asociado es de 4,50 o 5,25 euros, una diferencia que varía en función de su velocidad y sistema.

 

Además, el canon digital impone una tasa también a los dispositivos de grabación. Los CD vírgenes desde la entrada en vigor de esta nueva normativa cuestan ocho céntimos más, mientras que los reprobables aumentan en diez céntimos. Por su parte en los DVD, la tasa asciende a 21 céntimos y 28 para regrabables.

Entre el resto de los dispositivos de este tipo se incluyen las grabadoras, con un gravamen de 33 céntimos a 1,86 euros según el tipo, así como los USB y tarjetas de almacenamiento, con un recargo de 24 céntimos.

En cuanto a componente internos, el canon es de 6,45 euros para los discos no integrados que reproduzcan contenidos, y 5,45 para los integrados en equipos, a excepción de las consolas cuyos discos solo permitan jugar (y no reproducir) y los aparatos decodificadores de televisión.

No obstante, la nueva Ley establece una serie de exenciones que permiten evitar el pago de este nuevo canon digital, pero que puede suponer más de un dolor de cabeza al usuario. La Ley de Propiedad Intelectual señala en su articulado que las entidades del sector público están exentas del pago.

¿Y los ciudadanos? Podrán solicitar el reembolso si consiguen justificar «el destino exclusivamente profesional del equipo» y, añade la normativa «siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas».(hoy.es)

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