Rio Gallegos, 31 de marzo de 2020.

CAMICRUZ, con Municipios y Provincias, “codo a codo” para contener el avance del Covid-19


A través de estas líneas queremos comunicar las acciones que las empresas mineras integrantes de CAMICRUZ, están llevando adelante junto con las autoridades locales y provinciales, tanto dentro de los yacimientos como en la zona de influencia con la finalidad de prevenir y mitigar la propagación del Covid-19.

“La industria ha trabajado siempre por la salud y la seguridad de sus empleados y comunidades cercanas. Hoy, nuestros materiales y equipos de seguridad, protocolos y herramientas, son compartidos con los que más lo necesitan. Estamos totalmente alineados con las autoridades sanitarias provinciales y regionales, y con el Gobierno Provincial para cumplir y hacer cumplir las directivas sanitarias. Sabemos que habrá más contagios a medida que nos acerquemos al invierno, y por eso, además de las medidas que normalmente aplicamos para el control de influenza y otras enfermedades estacionales, tenemos un protocolo común que fue presentado a la autoridad y a toda nuestra cadena de valor, para contener los contagios en la población de riesgo. En nuestros yacimientos al día de hoy, tenemos colaboradores que se encuentran cumpliendo las medidas de aislamiento y las resoluciones de las autoridades sanitarias provinciales y regionales, que no han podido volver a sus casas después de su turno, afectados por las restricciones de circulación y transporte. Estamos en permanente contacto con las autoridades, respetando sus directrices y gestionando todo los requisitos para que, en el momento que se nos indique, nuestros trabajadores puedan volver a descansar con sus familias” comentó Nicolas Bareta, presidente de CAMICRUZ.

Durante las últimas semanas, las operadoras mineras han trabajado en la provisión de material de protección personal y herramientas medicas a los respectivos comités de emergencia regional. Desde guantes, mamelucos, apoyo a la logística con combustible, camionetas y tráilers para que se puedan hacer los controles en las localidades, asi como termómetros y las camas de los campamentos para que se puedan acondicionar los sectores de atención y aislamiento, hasta el esfuerzo de poder conseguir respiradores, las empresas están en contacto permanente con las autoridades provinciales para poder trabajar en conjunto. “Se comparte lo que hay y se redoblan esfuerzos. Incluso hay proveedores que quieren ser parte de la ayuda en la adquisición de ciertos equipos médicos complejos”

“Tenemos muy claras nuestras prioridades en estas circunstancias” destacó el presidente de la Cámara. “La salud de las personas y el bienestar de las comunidades son prioritarias para quienes conformamos la industria minera y desde antes de las medidas nacionales, las autoridades nos abrieron las puertas para juntar los esfuerzos para combatir esta pandemia.”

Respecto de cómo esta crisis sanitaria está afectando al sector, desde la Camara indicaron“ Estamos cumpliendo las tareas necesarias para mantener los controles ambientales en los yacimientos, eso varia de empresa a empresa, y se van sumando restricciones logísticas para el producto llegue a nuestros clientes, que tienen sus refinerías en el exterior están cerradas. A pesar de ello, repetimos, nuestro objetivo hoy es la ayudar a la salud de la comunidad, comprometiéndonos para mantener la empleabilidad y los salarios y la cadena de pago. “

 

 

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El Gobierno mantiene la postura de atender principalmente a los sectores más vulnerables y con ingresos muy por debajo del promedio

 

Los bancos no podrán cobrar por la extracción de dinero en los cajeros (REUTERS/Marcos Brindicci)
Los bancos no podrán cobrar por la extracción de dinero en los cajeros (REUTERS/Marcos Brindicci)

Por los efectos de la pandemia del coronavirus en la actividad económica y en los ingresos -especialmente de los sectores independientes o cuentapropistas-, el Gobierno dispuso varias medidas que modificaron las reglas habituales para el pago de servicios públicos, dirigida a los sectores más vulnerables. Pero también se acepta más flexibilidad en los contratos privados. Los principales cambios:

Servicios públicos y privados

A través de un decreto, el Gobierno determinó que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable no podrán disponer por 6 meses la suspensión o el corte de sus servicios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas con vencimientos desde el 1° de marzo (incluyendo a los usuarios con aviso de corte en curso).

Este medida es solo para personas de los sectores más vulnerables. Entre otros, los que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo; inscriptos en el Monotributo Social; jubilados, pensionados y trabajadores que perciban menos de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($33.750). También incluye a las micro, pequeñas y medianas Empresas (Mipymes) y cooperativas de trabajo.

 
 
No habrá cortes de servicios públicos para los sectores más vulnerables
No habrá cortes de servicios públicos para los sectores más vulnerables

“En el caso de los servicios públicos, la medida es clara en relación a los destinatarios, que son los sectores de mayor vulnerabilidad. Si hubiera algún caso que queda exceptuado por una cuestión puntual, habrá que ver esa particularidad. Toda norma genera que siempre queda excluido alguien que no esta específicamente nombrado pero requiere el alcance normativo. En ese caso habrá que verlo”, explicaron desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Bancos

Por la emergencia, se determinó que las entidades bancarias no podrán cobrarle cargos a sus clientes por depósitos, extracciones, consulta de saldos o cualquier otra operación, sin importar el tipo de cuenta de que se trate, la cantidad de operaciones hechas en el mes, ni distinguir entre clientes o no clientes.

Por la norma vigente hasta hoy, la extracción de dinero de cajeros automáticos es gratuita para los titulares de cuentas salario (o para el cobro de jubilaciones o beneficios sociales), hasta el límite de esos haberes. Pero los bancos pueden aplicar comisiones a quienes extraen por encima de esos montos o en los casos en que sean cajas comunes.

 Los bancos pueden aplicar comisiones a quienes extraen por encima de los montos habilitados o en los casos en que sean cajas comunes

Por otra parte, se decidió suspender hasta el 30 de abril la obligación de las entidaes financieras de proceder al cierre de cuentas bancarias y a la inhabilitación a los clientes que no puedan cumplir con sus compromisos con el pago de cheques por falta de fondos.

Tampoco estarán obligados a pedir a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia de que no adeudan aportes o contribuciones.

Alquileres

A través de un decreto publicado este domingo en el Boletín Oficial, el Gobierno determinó que se congelarán los precios de los alquileres hasta el 30 de septiembre. Además, se prorrgarán los contratos que venzan durante ese período y se suspenderán los desalojos por falta de pago.

 
Se espera un decreto que congele las cuotas de los alquileres por 6 meses
Se espera un decreto que congele las cuotas de los alquileres por 6 meses

También se dispuso que los propietarios deberán ofrecer una alternativa para que los inquilinos puedan pagar por transferencia bancaria o a través de depósitos por cajero automático. “Creo que la medida atacó los tres ejes principales que son las prorroga de los contratos, suspensión de desalojos y bancarización. Es una medida acertada y oportuna tomada en el medio de una situación extraordinaria, donde no hay nada escrito”, explicó Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las medidas contempladas en el decreto no se aplicarán en el caso de que el propietario pueda demostrar que depende del cobro de ese alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar.

Celulares prepagos o Internet

La Defensoría del Pueblo bonaerenese le solicitó a las compañías telefónicas que liberen los datos móviles para que los usuarios de telefonía celular puedan realizar sin costos sus trabajos, estudios o trámites sin moverse de sus casas.

El reclamo -aún no tuvo respuesta- es para que las personas puedan ingresar a plataformas educativas y laborales y permitir que los sectores más vulnerables puedan solicitar ante los organismos públicos los beneficios previstos por el Estado.

 La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió que las prestadoras de servicios de internet liberen los datos móviles sin costo para quienes tienen que hacer teletrabajo o cumplir con programas educativos

“Si no es un servicio esencial caracterizado por la norma, en la interpretación se entiende que una vivienda digna tiene que contar con ese tipo de servicios. Internet es un derecho instrumental que sirve para garantizar otros derechos”, explicaron desde el organismo.

Servicios ofrecidos por profesionales o empresas privadas

Donde aún no hubo definiciones es en el pago de los servicios privados contratados durante marzo y que no pudieron ser ofrecidos a los usuarios por las medidas de aislamiento. Ejemplos: cursos, gimnasios, servicios profesionales o cocheras. En esos casos, los organismos de Defensa del Consumidor señalaron que como se trata de una situación extraordinaria y de fuerza mayor, debería haber un “esfuerzo compartido entre ambas partes”.

Cabe destacar que algunos establecimientos decidieron ofrecer alguna alternativa de prestación de sus servicios a través de modalidades virtuales o a distancia.

 
Muchos gimnasios comenzaron a ofrecer clases virtuales a sus clientes (Rozette Rago/The New York Times)
Muchos gimnasios comenzaron a ofrecer clases virtuales a sus clientes (Rozette Rago/The New York Times)

Desde la Defensoría porteña señalaron que hay que comprender que se trata de una situación de excepción, por lo tanto, no hay una normativa específica que contemple esta circunstancia de fuerza mayor, imprevisible y ajena al consumidor y al proveedor.

“El consumidor tendría derecho en cualquier relación contractual al cancelar un servicio, sobre todo en los casos de los contratos anuales. Hay servicios que en situación normal tienen la modalidad de suspender el tiempo del abono en casos de vacaciones o enfermedad del usuario, en este escenario excepcional podría esperarse la aplicación de una política similar y extender el plazo inicialmente contratado”, agregaron. Pero advirtieron que, en este caso, hay que aplicar criterios con flexibilidad y lo mejor es llegar a un acuerdo.

 Hay servicios que en situación normal tienen la modalidad de suspender el tiempo del abono en casos de vacaciones o enfermedad del usuario

“Hay varios gimnasios que reconocen los días pagos y se los tomará en cuenta para luego que termine el aislamiento obligatorio y preventivo. Desde ya, los riesgos empresariales de estas cuestiones no pueden caer en cabeza de los consumidores”, explicaron desde la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU).

Al menos deberían reconocer proporcionalmente los días abonados. Es una solución amigable para el consumidor y no regresiva para la contabilidad de los establecimientos”, agregaron.(Infobae.com)

 

 

TE PUEDE INNTERESAR

El hotel Los Sauces FOTO: ANA PÉREZ COTTEN

La abogada Silvina Martínez solicitó ante el Tribunal Oral Federal 5 que las habitaciones de los cuatro hoteles sean utilizados para el aislamiento.

 

La abogada de Margarita Stolbizer, Silvina Martinez, pidió a la Justicia que los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz sean utilizados para alojar pacientes diagnosticados con coronavirus. Ante el Tribunal Oral Federal 5, la letrada manifestó que los hoteles, investigados por su presunto funcionamiento como parte de maniobras de lavado de dinero mediante las sociedades Los Sauces SA y Hotesur SA, se pongan a disposición de la pandemia. La causa, en la que se investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, está a la espera de juicio oral. “Vengo a formular algunas sugerencias tendientes a que se destine, para aislar pacientes, a los hoteles objeto de investigación por maniobras de lavado de dinero e intervenidos judicialmente”, sostiene el escrito. Alberto se reunió en Olivos con ministros y expertos: define cómo sigue la cuarentena Según detalla Martínez en la presentación, al día de hoy, los hoteles Los Sauces en el Calafate y La Aldea del Chalten se encuentran desocupados y sin alquilar, mientras que el hotel Las Dunas en el Calafate fue alquilado recientemente, y el Hotel Alto Calafate “es alquilado por la empresa Idea S.A. también investigada en la causa cuyo titular es Osvaldo Sanfelice, quien adeuda varios meses de alquiler". Y aclara: "Pero estos dos últimos hoteles no pueden recibir pasajeros atento las medidas dictadas”, enuncia la abogada. Por ese motivo, argumentando que están intervenidos por la Justicia y que hay muchos casos de aislamientos de pacientes a la espera del resultado del análisis o que manifiesten síntomas, la letrada solicita que se utilicen para aislar pacientes o para usarlos en caso de necesitar camas. El juicio por Hotesur y Los Sauces sigue sin fecha de inicio En la provincia de Santa Cruz son 9 los casos positivos de coronavirus, de los cuales 8 están en El Calafate y 1 en Puerto San Julián, y se registran un total de 49 casos sospechosos de acuerdo al conteo por localidad, repartidos entre Las Heras, Perito Moreno, Pico Truncado, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Río Gallegos, El Calafate y 28 de Noviembre. Hay, además, alrededor de 1000 personas entre las distintas localidades a la espera del resultado del análisis o que manifiesten síntomas.  "Dado la gravedad de la situación y la emergencia sanitaria y toda vez que los hoteles mencionados se encuentran intervenidos por la justicia, solicito se utilicen para aislar pacientes o para usarlos en caso de necesitar camas. De esta forma se evitaría que colapse el sistema de salud y que los hospitales sean utilizados solo para casos graves”, explica Silvina Martinez en la presentación.  (Fuente perfil.com)

 

 

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Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro y Ginés González García en la Sala de Situación que se armó en el Ministerio de Salud para seguir el análisis permanente del COVID-19.

La precisión es importante para diseñar cualquier política de salud, pero es crucial en medio de la emergencia sanitaria. Reticencia en los distintos estamentos vinculados a la salud para dar la información real

 

El último informe sobre camas disponibles (en instituciones públicas y privadas) fue publicado en 2018. Habla de un total de 220.910 en todo el país, incluyendo 8.293 unidades de terapia intensiva para adultos y 1.823 unidades de terapia intensiva pediátricas. Esta información se volvió crucial porque es la que primero exhibe la capacidad del sistema de salud para responder frente a una emergencia sanitaria. Cuanto más lejos del porcentaje recomendado por la OMS (8 camas cada 1000 habitantes) se presente, más limitada será la una respuesta. Argentina tiene un índice 5.02, con grandes variaciones entre región centro (5.71) y NEA (3.59) y NOA (3.94).

Desagregar ese “Análisis de la Situación de Salud en la República Argentina" que hizo el equipo del por entonces ministro de Salud Adolfo Rubinstein (en rigor, secretario) complejiza el escenario. De esas 220.910 disponibles, hay 85.784 que son camas para “internaciones prolongadas”, es decir, geriátricos u hospitalizaciones que impiden contar con ese recurso en medio de una emergencia. Tampoco las camas de maternidad y neonatología están disponibles, un 15.003 sumados ambos tópicos. Sumando camas generales, especiales, pediátricas y para hospital de día, finalmente, Argentina tenía disponibles 110007 camas disponibles.

Tenía disponibles porque se supone que hoy tiene más. Hay una gran maquinaria en todos los rincones del país para generar ese recurso en playones de las fuerzas armadas, centros deportivos, religiosos, grandes escuelas, en los 10 nuevos hospitales modulares que se están construyendo con crédito de UNOPS, dentro de las 17 Unidades de Pronta Atención que se desarrollaron en tiempos del sciolismo en la provincia de Buenos Aires, o junto a ellos. Pero el número no se conoce.

En concreto, no hay información de cuántas camas disponibles hay o habrá. El Ministerio de Salud actual no brinda esa información. En parte, porque está realizando una tarea de control sobre lo que le dicen las obras sociales de los sindicatos, que estaría bastante por debajo de lo que habían declarado. También porque las provincias se mostraron reacias a contar su propia disponibilidad, en líneas generales, también por debajo de lo que venían diciendo.

 

Finalmente, porque el propio ministerio se demoró más de la cuenta en obtener esa información crítica, sin la cual es imposible realizar una política pública seria en medio de la emergencia sanitaria que exigirá atención hospitalaria en un porcentaje que rondará el 15% de los contagiados, o sea, ¿3 millones de personas? ¿1 millón? ¿En cuánto tiempo? “Tendríamos que habernos puesto con esto en febrero, pero la verdad es que nos desbordó la situación”, reconoció un funcionario del equipo de Ginés González García.

Otro dato importante de este análisis es la cantidad de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que existen en el país, discriminados por región. El dato es particularmente significativo porque los CAPS dependen de los intendentes, ya que además de ejercer tareas de prevención y difusión de conductas saludables, dan la primera atención de la población más pobre.

Son 7844 en todo el país, de los cuales 3078 están en la región centro, lo que incluye el conurbano. Una gran cantidad, 1953, tiene atención médica diaria y con especialidades 901 tiene atención médica por lo menos tres días por semana, y 45 tienen guardia permanente.

 
 REUTERS/Matias Baglietto
REUTERS/Matias Baglietto

Si los intendentes del conurbano tuvieran el presupuesto necesario de parte de Nación o de la Provincia de Buenos Aires para equiparlos, con todo lo que dicen que distribuyen pero la verdad que todavía no llegó (material para dar seguridad al personal sanitaria, más médicos y camas en varios lugares donde hay espacio), buena parte de la emergencia podría tratarse directamente ahí, como ya se está planificando, pero a una velocidad que no toma en cuenta la rapidez con la que se desplaza el virus.

Infobae pudo constatar el caso de una provincia y de una intendencia del conurbano de la Tercera Sección Electoral que en público dan una cifra de camas disponibles y de terapia intensiva que no son ciertas. En ambos casos le pusieron, lisa y llanamente, un cero a la cifra real: donde dicen 300 hay 30, por ejemplo. Lo hacen por las buenas razones: no quieren asustar a la población. Mientras tanto, rezan para que las curvas de infectados que empezaron en China, siguieron en Europa y continúan en Estados Unidos, se comporten distinto en nuestro caso, confiados en que “Dios es argentino”.

“La realidad demostrará qué hay y qué no”, concluyó un funcionario de larga trayectoria en la gestión pública, casi un sabio a la hora de discriminar qué puede hacer el Estado a esta altura, y qué no, en una carrera contra el tiempo que logró poner entre paréntesis hasta prejuicios ideológicos, porque lo que hoy cotiza no es el relato sino la capacidad operativa para desplegarse en la emergencia, con información y recursos humanos, tomando decisiones basadas en la evidencia científica.

 
Una de las primeras conferencia de prensa que dio González García sobre el coronavirus. (Casa Rosada)
Una de las primeras conferencia de prensa que dio González García sobre el coronavirus. (Casa Rosada)

Las nuevas condiciones para la política sufrieron un cambio tan drástico que los intendentes del conurbano que recibieron el llamado de Cristina Fernández de Kirchner, preocupada por la situación, contaron que la primera pregunta que les hizo la Vicepresidenta es cuántas camas tenían en el distrito.

La realidad mató al relato. Y todo lo que no se hizo en décadas en esas barriadas cada vez más sumergidas quedará evidenciado apenas el virus empiece a circular con la fuerza de lo que no encuentra ningún freno de aislamiento social, calidad de vida o condiciones de higiene.

Este fenomenal cambio de prioridades encuentra a la dirigencia política ante el desafío de la eficiencia en la gestión. Llegó el momento en que la sociedad va a juzgar por la capacidad que tendrá cada gobernante (Presidente, ministros, gobernadores, intendentes) para llevar adelante una estrategia efectiva contra el virus.

No todos los que nos gobiernan tienen esa experiencia. Buena parte, nacieron y se criaron en la épica discursiva sin realidad, lo que les permitió ordenar su visión del mundo sin necesidad de contratarla con los hechos. O adecuando los hechos al relato.

El Estado argentino podrá ocultar la cantidad de casos infectados testeando menos personas de las que presentan síntomas, como sospechan muchos. No dirá las camas disponibles para los pacientes que necesitan hospitalizarse ni las de terapia intensiva para aquellos que requieran cuidados especiales en sus pulmones deteriorados por el COVID-19, quizás simplemente porque no lo sabe.

Lo que nunca podrá modificar es la cifra de muertos porque, cuando esta pesadilla termine, la realidad se mostrará en blanco sobre negro y sin ninguna capacidad de ocultamiento.(infobae.com)

 

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