A través de un decreto, el Poder Ejecutivo formalizará la propuesta para llevar a cabo un canje de USD 66.238 millones de en bonos con una quita que implicaría una rebaja de USD 37.900 millones en intereses y USD 3.600 millones del capital.

 

Finalmente el Gobierno oficializará mañana a través de un decreto que publicará en el Boletín Oficial, la oferta presentada el viernes pasado a sus acreedores privados con deuda emitida bajo ley extranjera. La misma contempla una quita de 62% sobre los intereses y de 5,4% sobre el capital, para comenzar a pagar en 2023.

Argentina plantea un canje de USD 66.238 millones en bonos y la quita implicaría una rebaja de USD 37.900 millones en intereses y USD 3.600 millones del capital.

Según pudo saber Infobae, el Poder Ejecutivo estableció en el decreto que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares no podrá ser superior a USD 44.500 millones. Mientras que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en Euros no podrá ser superior al valor nominal de € 17.600 millones.

Asimismo, el Ministro de Economía podrá realizar las modificaciones que fuesen necesarias en el modelo del Suplemento de Prospecto (“Prospectus Supplement”), en la medida que las mismas no alteren la lista de Títulos Públicos detallados ni los términos y condiciones financieras y, de ser aplicable, las cantidades totales de los títulos a emitirse para dar efecto a la operación de reestructuración planteada. Tampoco deberán alterar los ratios de canje propuestos.

 

En otro orden, el Gobierno dispondrá que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la medida sea imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al servicio de la deuda pública.

Cabe recordar que el Gobierno anunció el viernes pasado la oferta a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares diez nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 títulos argentinos en circulación elegidos para la operación.

 El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que el Gobierno “no podrá hacer frente a los pagos de deuda de los próximos días

De esta forma, el gobierno busca con el canje postergar vencimientos el mayor tiempo posible, ofreciendo dos bonos con tasas escalonadas que culminan en 2030 (euros y dólares), otros dos en 2036 (euros y dólares); dos bonos que caducan en 2039 (dólares y euros); dos bonos en 2043 (dólares y euros); y los últimos dos bonos en 2047 (dólares y euros).

La propuesta contempla a los grupos de tenedores de bonos que tengan títulos emitidos bajo el contrato legal de 2005 y los tenedores de los bonos que hayan sido emitidos a partir de 2016.

Ambos tienen distintas cláusulas de acción colectiva, como por ejemplo, la definición de los umbrales de mayorías para poder dar por exitosa la operación y realizar en canje “de buena fe”, en condiciones de mercado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que el Gobierno “no podrá hacer frente a los pagos de deuda de los próximos días. Para mañana están programados vencimientos de intereses de tres bonos regidos por ley extranjera, aquellos que están siendo negociados dentro de la oferta de reestructuración lanzada la semana pasada.

 
Guzmán anticipó que la Argentina no podrá hacer frente a los vencimientos de deuda
Guzmán anticipó que la Argentina no podrá hacer frente a los vencimientos de deuda

En caso de no pagar, el Tesoro tiene un plazo de gracia de 30 días para girar el dinero antes de caer en default. Ese proceso se da a la par del plazo de “alrededor de 20 días” que dio Guzmán a los acreedores para decidir sobre la oferta para reestructurar la deuda.

Los acreedores todavía esperan a que la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) apruebe la oferta argentina para que comience el canje y creen que el proceso se demorará más que lo previsto por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que resta la aprobación del prospecto -podrían pasar días o semanas- con la oferta cuyos lineamientos ya trascendieron.

Recién allí los bonistas conocerán la propuesta formal y podrán evaluar si la aceptan o no, más allá del rechazo preliminar que ya manifestaron en forma unánime los tres comités de acreedores en las últimas horas al considerar que el Gobierno no negoció “de buena fe”.(infobae.com)

 

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Echazu participa en Foro para el diseño de Plan de acción contra las violencias por motivos de género

 

El Diputado por el Pueblo de Río Gallegos, e integrante de la Comisión de Perspectiva de Género, Igualdad y Equidad en la Legislatura Provincial, Eloy Echazú, está participando de los Foros Federales Participativos Virtuales para el diseño de un Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género – Patagonia Sur - organizado por el Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

 

Estos foros – iniciados en el mes de febrero y que a raíz de las medidas de asilamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid 19 adoptaron la modalidad virtual – tienen el objetivo de compartir experiencias propias de cada territorio y proponer acciones conjuntas para establecer los lineamientos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas contra las violencias por motivos de género que contemplen las especificidades y diversidades culturales propias de cada territorio y región.

Durante hoy y mañana, participantes de Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz, abordarán cuatro ejes, que giran en torno a la prevención de las violencias por motivos de género; la asistencia integral y fortalecimiento del acceso a la justicia; la protección integral y las redes comunitarias de las personas en situación de violencia por orientación sexual, género, identidad y sus expresiones; y las interseccionalidades, que implica plantear propuestas de acciones para abordar las distintas manifestaciones de las violencias y su impacto en relación a opresiones múltiples, en función de las particularidades o características diferenciales que agravan el estado de vulnerabilidad de las mujeres y personas LGBTI+, como la edad, la situación socioeconómica, la orientación sexual, el origen étnico o religioso y la nacionalidad, entre otros.

Cabe destacar que estos Foros continuarán para la región AMBA que incluye el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 22 y 23 de abril; y Córdoba el 24 de abril y Santa Fe el 27 de abril.

 

 

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“Objetable”, “sin sentido”, “jugada política”, “carente de apoyo legal”, “ignorante de la competencia del alto tribunal”: algunas de las definiciones de los especialistas sobre una iniciativa que hasta el propio Zaffaroni cuestionó como atentatoria de la división de poderes

 

Gran parte de los constitucionalistas y juristas cuestionaron el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner tendiente a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dé garantías de validez, a través de una acción declarativa de certeza, a las sesiones legislativas que se harían por videoconferencia en medio de la pandemia. La ex presidenta busca así evitar futuras impugnaciones a leyes debatidas de esa forma, como la que intenta fijar un impuesto a la riqueza.

¿Puede la Corte Suprema expedirse sobre un tema que no se ha transformado en una causa judicial? ¿Debe ser el máximo tribunal el que lo analice, si no pasó previamente por otras instancias? ¿El Congreso no tiene, acaso, facultades internas para dictar su propio reglamento? ¿Corresponde que la Corte Suprema dé garantías sobre el funcionamiento legislativo y las leyes que allí se voten? ¿Podría interpretarse ello como una suerte de aval indirecto para esas normas?

Las opiniones están divididas pero, aunque algunos expertos entendieron que la cuestión amerita el análisis del máximo tribunal por la gravedad del escenario de pandemia y el no funcionamiento del Congreso, la mayoría de los constitucionalistas se inclina por rechazar el pedido de la vicepresidenta.

Incluso sorprendió la declaración del ex ministro de la Corte y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni, que le dijo a Página/12 que el pedido de Cristina Kirchner concierne a “una cuestión política no judiciable” en la que “ni la Corte ni ningún juez” debería entrometerse, porque se trata de “otro poder del Estado”. Según aseguró, “ni el Legislativo puede decirle a la Corte que se reúna o no virtualmente o que los jueces hagan o no audiencias virtuales, ni la Corte ni ningún juez se lo puede decir al Legislativo” porque “son incumbencias propias de cada Poder del Estado, que cada uno resuelve como mejor entiende y el otro no puede dictarle reglas”. A criterio del penalista, “si la Corte resolviese de esa manera [rechazando pronunciarse], quedaría claro que en el futuro no sería viable ninguna objeción a una ley en base a la forma en que el Congreso decidió sesionar” y "se resaltaría el respeto a un principio republicano fundamental desde Montesquieu en adelante”.

 

Por lo pronto, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkratz, le pidió el viernes a la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, que dé su opinión sobre si el máximo tribunal es competente para estudiar el pedido de Fernández de Kirchner. No se trata de estudiar el fondo de la cuestión y, vale la pena aclarar, el dictamen del jefe de los fiscales tampoco es vinculante. Desde la Procuración deberían eenviar su respuesta el martes, más allá de que la Corte no tenga plazos para expedirse.

Recordemos que Cristina Kirchner -en su carácter de titular de la Cámara de Senadores- se presentó el miércoles ante la Corte Suprema pidiendo una “acción declarativa de certeza” para que “de modo urgente y mediante un trámite sumarísimo” establezcan si es constitucional que el Senado sesione a través de “medios digitales”. Aunque en el mismo escrito hizo saber su convicción de que era “absolutamente válida” esa vía, la Vicepresidenta aclaró que buscaba el aval judicial frente a “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”.

 
Los ministros de la Corte Suprema y el Procurador General, en el Congreso, el día de la asunción del presidente Alberto Fernández (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Los ministros de la Corte Suprema y el Procurador General, en el Congreso, el día de la asunción del presidente Alberto Fernández (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Lo que sigue es la opinión de distintos constitucionalistas y juristas, consultados por Infobae:

“Objetable y sin sentido”

Felix V. Lonigro: “Técnicamente el pedido del Senado a la Corte tiene por finalidad avalar la validez de sesiones virtuales. Se llama Acción Declarativa de Certeza. El problema es que la Corte no tiene competencia originaria para intervenir en asuntos en los que no son parte ni una provincia ni un embajador. La acción debería iniciarse en primera instancia de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. Y, a lo sumo, si la sentencia fuera desfavorable, podría aplicar un ‘per saltum’ a la Corte. Otro problema es que la Corte no tiene por qué pronunciarse en la interpretación de un Reglamento de una Cámara, salvo que se sancione una ley en violación al mismo, lo cual ameritaría, si ello ocurriese, y solo si ello ocurriese (no antes), un planteo de inconstitucionalidad. He escuchado que la Corte podría emitir una Acordada. Error. En un proceso judicial la Corte se pronuncia mediante sentencia. La presentación es objetable además porque el Senado, por sí solo, no tiene personería jurídica para iniciar una acción legal. Lo debería hacer el Congreso como órgano de gobierno. La Corte podría rechazar la acción por falta de legitimación activa. La acción fue iniciada contra “los poderes del Estado” (según el escrito de inicio). Pues no tiene sentido. No hay que iniciarla contra nadie. Simplemente se inicia para que la Corte se pronuncie declarando la validez de una sesión virtual o fuera del recinto”.

“Daño institucional y jugada política”

Gregorio Badeni: “La presentación no es viable porque la Corte no puede intervenir en cuestiones políticas sino solamente en aquellos casos que importan controversias, en donde se discuten derechos. Acá no existe ninguna controversia. Segundo, y la Corte lo ha dicho muchas veces tratándose de acciones meramente declarativas, porque los jueces no pueden emitir opiniones, tienen que resolver casos. Tercero, porque las atribuciones que tiene el Congreso deben ser resueltas por sus propias Cámaras. De modo que la Cámara de Diputados y la de Senadores tendrán que convocarse y definir cómo funcionan; y lo que diga una cámara no es obligatoria para la otra. Yo veo una gran ignorancia en Cristina Kirchner en materia de temas jurisdiccionales. Acá se está haciendo un daño institucional y una jugada política. Tratar de que quedemos impresionados por su preocupación de hacer funcionar a la Cámara Alta. Lo que sí es cierto es que se está produciendo una gran irregularidad en este momento y es que el Congreso no sesiona. Los integrantes del Congreso implícitamente han resuelto anular el funcionamiento del poder legislativo y eso rompe la doctrina de la división de poderes. Nunca pasó en la historia argentina. Hay que tener la suficiente habilitada para afrontar las situaciones difíciles dentro de los cauces democráticos y no al margen de ellos. Este es un procedimiento totalmente impertinente y si un alumno me dice esto en un examen, lo tengo que reprobar”.

“Totalmente improcedente”

Eduardo Menem: “La presentación ante la Corte es totalmente improcedente, porque el Congreso tiene facultades propias para tomar las decisiones que le atañen a su funcionamiento. No puede depender de otro poder ni debe pedir permiso a otro poder. Es un principio fundamental es la división de poderes y la armonía entre ellos. Cada uno tiene atribuciones propias y debe resolver sin ninguna condición o pedido de autorización, ni a la Corte ni a una instancia inferior. Directamente el Congreso tiene que sesionar. Puede hacer una sesión presencial, para modificar los reglamentos, tomando todas las precauciones, con barbijo, distancia y el mínimo de empleados. Tampoco es problema para los legisladores del interior: el Estado puede disponer de un vuelo especial que los traiga en vuelos para esa sesión en donde se modifique el reglamento. Incluso, hasta eso podría hacerse en una sesión virtual, con un quorum indispensable, con el resto de los legisladores participando y dando a publicidad la sesión”.

 
La Cámara de Senadores de la Nación (Foto: Alejandro Santa Cruz/Telam)
La Cámara de Senadores de la Nación (Foto: Alejandro Santa Cruz/Telam)

“Claramente procedente”

Domingo Rondina: “La acción planteada por la presidenta del Senado es claramente procedente. La jurisprudencia argentina viene evolucionando desde los tribunales inferiores y ha habido precedentes de Corte en el sentido, máxime cuando media una situación de gravedad institucional. En este caso están reunidas las condiciones para que la Corte despeje una incertidumbre constitucional, en aras de evitar el desgaste que implica un proceso legislativo que luego pueda ser anulado por razones formales por la Corte. La conducta asumida por la misma Corte en la ‘causa Rizzo’ donde se anuló la reforma judicial, siguiendo un procedimiento de apelaciones muy veloz, demuestra la necesidad de encontrar mecanismos de acuerdo procedimental entre las cabezas de los poderes. Es un tema técnico, doctrinario, que venimos planteando hace tiempo y que se hace en otros países para evitar el desgaste del debate público y democrático respecto a un proyecto que por razones formales o sustanciales pueda ser anulado por el órgano jurisdiccional. Y la Corte Suprema tiene facultades para hacerlo. Además, no es la primera vez que la Corte Suprema toma un caso anticipadamente, al solo efecto de despejar inconstitucionalidad. El más antiguo se llama ‘Rodríguez Aeropuertos’, donde se inventó el per saltum, y el más reciente es ‘Fonteveccia’ donde con solo un oficio la Corte tomó el tema y se pronunció. Muchos colegas dicen que no hay caso porque están mirando con un sistema del siglo XIX. No se puede seguir trabajando así porque los procesos de construcción normativa son complejos y ponen a la Corte en una posición de árbitro democrático contramayoritario”.

“Desconoce la competencia de la Corte”

Daniel Sabsay: "La acción que la vicepresidente de la Nación interpuso ante la Corte Suprema desconoce la competencia de ese alto tribunal. A la Corte se llega por apelación, cuando se viola algún derecho. La competencia originaria solo existe cuando hay un conflicto entre provincias o un tema en el que esté comprometido un país extranjero. La acción debería ser rechazada in límine. Para que la Corte tome una cuestión tienen que darse las características de un caso, un tema en donde el que lo interpone pone de manifiesto que esta situación ha violado algún derecho del cual esa persona es titular. Un tema subjetivo. Acá se trata de una consulta de tipo doctrinario de un poder al otro, de manera abstracta, sin mostrar lesión. Por lo tanto, a mi entender la Corte debería rechazarlo. Se trata de un cuestión externa de un órgano que la propia Constitución le da la facultad de fijar sus reglamentos.

“Es dudoso”

Andrés Gil Domínguez: “Hay una duda sobre si el reglamento de ambas cámaras permite las sesiones digitales no presenciales. El reglamento no es claro. Y lo que se puede hacer es lo que expresamente dice el reglamento. Entonces hay una duda razonable. ¿Esto lo tendría que resolver el Congreso?. Sí, pero para definirlo se tendría que reunir presencialmente y eso es un problema porque hay una gran cantidad de legisladores que pertenece al grupo de riesgo y otros que viven muy lejos. ¿Cuál sería la mejor forma de garantizar la presencia? La vía digital. Pero es la cuadratura del círculo: tendría que hacerse una sesión especial para autorizarlo. Para mí, tomando el artículo 75 de la Constitución Nacional que obliga al Congreso a proveer todas las medidas conducentes al desarrollo tecnológico, sí. Pero que hay duda, hay duda. ¿Se dan los presupuestos de la competencia originaria de la Corte? No, no se dan. ¿Pero la Corte no ha generado excepciones a esa competencia originario? Si, lo ha hecho y ha generado excepciones. Si la Corte sigue con su jurisprudencia tradicional, dirá que no hay caso o lo mandará a otro fuero porque dirá que no es competencia originaria. También podría hacer lo que hizo la Cámara Electoral cuando se frenó la re-reelección de Carlos Menem, diciendo que no había ninguna situación de incertidumbre porque estaba claro que no estaba habilitado a postularse y así, por una vía negativa, pronunciarse. Estamos ante una situación objetiva de excepcionalidad nunca vista. Muchos colegas dicen que la Corte nunca hace excepciones, pero las hace. Para los teóricos de los libros, puede ser, pero la realidad es otra cosa”.

“Carece de apoyo legal”

Felix Loñ: “La pretensión de Cristina Kirchner de acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia carece de apoyo legal pues ello solamente es posible en los asuntos concernientes a embajadores,ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia sea parte. Así lo establece el artículo 177 de la Constitución Nacional. Lo que la vicepresidenta tendría que haber hecho es acudir al propio Senado y no que la Corte. Ningún otro poder puede meterse. Ni el judicial ni el ejecutivo.”

“Es la política y los acuerdos políticos los que tiene que resolver esta cuestión”

Diego Armesto: “El Congreso puede sesionar sin consultar a la Corte Suprema porque en el reglamento existen distintas normas que le permiten a cada cámara sesionar fuera del ámbito del Congreso. Incluso podría haber un acuerdo político entre los presidentes de los bloques ad refererum del cuerpo. Ya lo hicieron Mendoza y Córdoba. Es la política y los acuerdos políticos los que tiene que resolver esta cuestión y no la Justicia. El poder legislativo no necesita que otro poder del Estado le diga qué hacer”.

“¿De qué inminencia estamos hablando?”

Jorge Alberto Diegues: "No hay competencia originaria de la Corte para recibir la demanda. No se puede dirigir a la Corte Suprema cualquier cosa en competencia originaria, porque se trata de un fuero de privilegio para determinados casos. Acá no hay ni provincia ni embajador actuando. A la Corte se llega por un recurso extraordinario, con requisitos formales porque no todo es de gravedad institucional. Suponiendo que haya un milagro que pueda pasar la competencia originaria, no hay caso tampoco. La Constitución exige que para que se pueda hacer una demanda haya una controversia. Los tribunales no están para evacuar consultas. Y, además de tener caso, tiene que haber un interés concreto. Acá la acción declarativa se presenta porque se explica que se busca tratar leyes tributarias. Esas leyes se debaten primero en Diputados. Si la Cámara de Diputados todavía no aprobó el proyecto, ¿de qué inminencia estamos hablando? Otro de los argumentos es el riesgo para los senadores. El viernes, cuando el presidente Alberto Fernández anunciaba la reestructuración de la deuda, ¿quién estaba a su lado y sin barbijo? ¿Ahí no se ponía en riesgo la vida? Los legisladores, por su función, están excluidos del aislamiento. Entonces, ¿no es lo mejor reunirse una vez para reformar el reglamento y así poder sesionar? ¿Qué da mayor seguridad jurídica, una demanda ante la Corte con todas estas dificultades o una única reunión al solo efecto de modificar el reglamento y así poder sesionar mientras dure esta pandemia?

“Razonable, pero es el Congreso el que debe encontrar el modo de sesionar”

José Miguel Onaindia: “En nuestro sistema judicial el control de constitucional es posterior. No es previo. Ni de la Corte Suprema ni ningún otro tribunal puede actuar ante un acto administrativo y menos una ley. La presentación que hizo la vicepresidenta no reúne las características que tiene el control constitucional. Sin perjuicio de eso, opino que el Congreso debe estar sesionando y debe adecuar su forma de sesionar a las circunstancias actuales porque el Estado de derecho no se puede interrumpir por una circunstancia excepcional como es esta epidemia. En ese sentido, el planteo tiene razonabilidad. Pero es el Congreso el que debe encontrar los modos y seguir sesionando. La constitucionalidad de esos métodos los va a tener que controlar la justicia, no la Corte como primer tribunal”

“Absolutamente improcedente”

Ricardo Gil Lavedra: “La presentación es absolutamente improcedente. No es un caso de competencia originaria y no hay un caso o controversia. ¿Contra quién se dirige, quién tendría que resistir? Acá no hay caso. La Corte ha dicho en numerosos precedentes que no está dentro de sus funciones emitir opiniones consultivas. Es una atribución excluyente del Congreso. La Constitución Nacional le da instrucciones al Congreso para que regule su funcionamiento interno sin intervención de otro poder. Por lo tanto, la posibilidad de regular sesiones no presenciales es una competencia exclusiva de cada Cámara. No veo inconveniente en que los senadores sesionen una vez en la sede de Cámara de Diputadas, que es muchísimo más grande. La Corte Suprema también tiene remedios par agilizar el funcionamiento del Congreso, permitiendo una aprobación en general y el articulado de una ley en comisión. Por qué se hizo esta presentación a la Corte no lo sé, porque por lo que leo hay una unanimidad de pareceres y es un tema que está fuera de discusión”.(Infobae.com)

 

 

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El acto administrativo se firmará esta misma tarde. Alberto Fernández dialoga con intendentes de todo el país para escuchar sus inquietudes.

 

Algunas excepciones a la cuarentena serán nacionales como las terminales de cobro rápido, el comercio a distancia y consultas médicas y odontológicas con turnos espaciados

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, definen la lista de actividades y los protocolos para que pueda haber alguna flexibilidad en las provincias de acuerdo a los pedidos que por escrito les hicieron llegar los gobernadores. El objetivo es reactivar parcialmente la economía.

El acto administrativo lo firmará hoy mismo Cafiero para que las provincias puedan instrumentar los mecanismos que permitan la apertura controlada el próximo lunes de acuerdo a las demandas que elevó cada distrito a la Jefatura de Gabinete de la Nación con competencia sobre la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional. Algunas excepciones serán nacionales como el cobro de rentas, las terminales de cobro rápido ya anunciadas y el comercio a distancia. También consultas médicas y odontológicas con turnos espaciados y ópticas con la misma modalidad. Y se define qué ocurrirá con la construcción.

El presidente Alberto Fernández mantenía esta tarde una videoconferencia desde la residencia de Olivos con intendentes de diferentes municipios para analizar la situación en cada región ante la pandemia de coronavirus.

Tras dialogar con los gobernadores el jueves y ayer con legisladores nacionales, el jefe de Estado escuchaba hoy el informe de varios jefes municipales, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido hasta el 26 de abril para desacelerar los contagios en el país.

Esta reunión se da en el marco de una serie de encuentros del primer mandatario con distintos referentes de todo el arco político horas antes de habilitar la reanudación de ciertas actividades productivas, a pedido de algunas provincias y en el marco de una “cuarentena administrada”, avalada por las autoridades sanitarias y diseñada para la tercera fase de la cuarentena que se cumple desde el 20 de marzo..

Algo parecido sucederá en la provincia de Buenos Aires donde la ministra de Gobierno, Teresa García, recopiló los pedidos y propuestas entre los intendentes con los que conversó, por regiones y por fuerzas políticas, el propio Axel Kicillof. Excluido el conurbano de las nuevas excepciones, en territorio bonaerense los jefes comunales pidieron habilitar la apertura de comercios que no vendan productos alimenticios o de limpieza (o venta on line), oficios y construcción privada y el ejercicio de profesiones independientes.

Más allá de algunas coincidencias, tanto municipios como provincias, hubo solicitudes específicas de acuerdo a cada realidad local que serán atendidos especialmente y habilitados siempre y cuando haya protocolos estrictos.

Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), del municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata), pidió por ejemplo que se incorpore a las excepciones el empaque de las ventas de comercio electrónico, la fabricación y entrega de calefactores, termotanques, equipos de ventilación y sus repuestos; profesionales ópticos y desarme de balnearios. Y el intendente de Tigre, Julio Zamora (Frente de Todos), solicitó incluir dentro del régimen de excepciones de la cuarentena a unas 160 empresas e industrias: construcción, automotriz, plástica y naval con el argumento de que, dice su presentación, “estas cadenas de valor permiten el sostenimiento del entramado económico local y el mantenimiento de las tareas esenciales de servicios públicos que efectúa el Municipio”.

 
(Christian Heit)
(Christian Heit)

Kicillof fue muy preciso: les señaló a los intendentes que deberán ser muy estrictos en ejercer el control de los protocolos para evitar la circulación masiva del virus. Son unos 50 municipios los que aún no registran ningún contagio.

El mapa nacional

Hasta hoy, según el reporte diario, los distritos con mayor cifra de enfermos por COVID-19 son: Buenos Aires (794); Capital (677), Córdoba (247); Chaco (224), Santa Fe (218), Tierra del Fuego e Islas Malvinas (119) y Río Negro (116). Sólo Formosa y Catamarca informan cero caso mientras que en el resto de los distritos hay días en que no se registra ningún contagio o no superan en total los cinco pacientes como La Pampa (5), Misiones (4), San Juan (2) y Salta (3). En el informe comunicado esta mañana, Corrientes, Entre Ríos, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Cruz no reportaron nuevos casos.

En ese marco, y tras el anuncio presidencial del fin de semana pasado, los gobernadores fueron enviando por escrito sus pedidos y propuestas para flexibilizar el aislamiento para algunos sectores y actividades.

Salvo para industrias o actividades regionales muy precisas, los pedidos, indicaron a Infobae desde Jefatura de Gabinete, son muy similares en todas las provincias: comercio on line, profesionales y construcción privada encabezan las coincidencias.

En el borrador de actividades que se podrían retomar y que en estas horas considera Santiago Cafiero, se menciona el trabajo en las entidades recaudadoras oficiales y privadas tras la fuerte caída en las arcas provinciales y municipales. También el comercio minorista no esencial como la venta de ropa, calzado, marroquinería, productos electrónicos, electrodomésticos, juegos y juguetes. También comercios de cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración. Sin embargo, en todos esos casos se establecería la venta a través de diversas plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y delivery, todos mecanismos que no requieran contacto personal. Los comercios no podrían abrir sus puertas al público.

Gustavo Sáenz, de Salta, incluyó el comercio minorista (plataformas digitales, venta telefónica y entrega a domicilio) en casos que no requieran contacto personal y la reactivación del proceso industrial del tabaco, con la promesa de realizar un riguroso control sobre las nuevas actividades exceptuadas. En coincidencia con otros mandatarios provinciales elevó una solicitud para la atención médica con turno previo, laboratorio e imágenes; las ópticas con prescripción médica o para actividades de reparación; las empresas de seguros y servicios de verificación de siniestros que permitan fundamentalmente el pago de los arreglos por accidentes; pinturerías y todas las actividades de venta de materiales para construcción; y establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. E incluyó actividades profesionales como contadores, abogados, ingenieros y arquitectos.

 
El gobernador Omar Gutiérrez, en una reunión en Olivos, con barbijo
El gobernador Omar Gutiérrez, en una reunión en Olivos, con barbijo

Desde Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que para el regreso controlado de algunas actividades específicas habrá "protocolos específicos que deberán ser cumplidos para no retroceder en la lucha contra el coronavirus”. Agregó que en el caso de las localidades de la Confluencia, una zona limítrofe de alta circulación interjurisdiccional con Río Negro, tomarán decisiones en conjunto con la gobernadora Arabela Carreras

Tras participar el jueves de los anuncios sobre deuda en Olivos con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, afirmó que aunque se retomen algunas actividades deberán respetarse el distanciamiento, el uso de tapabocas, la limpieza de manos y otros nuevos usos y costumbres. Además en todos los casos se deberá priorizar la atención no presencial y por turnos, para mantener el aislamiento social todo lo posible.

Otras provincias que pidieron flexibilizar el aislamiento obligatorio fueron Corrientes y Formosa, pero también aquellas donde se registran altos porcentajes de contagio como Chaco y Tierra del Fuego. En Buenos Aires hay realidades distintas: la aglomeración en el conurbano aumenta los riesgos y las posibilidades de que colapse el sistema de salud mientras que en el interior hay provincias donde se extreman los recaudos al punto que se prohíbe el ingreso de no residentes, excepto para el transporte de alimentos.

Corrientes, como ya contó Infobae, implementó una serie de medidas de flexibilización, como el trabajo en consultorios médicos y odontológicos para emergencias y sin salas de espera y la venta on line en algunos comercios. En el caso de obras de construcción privada se habilitaron tareas pero con la prohibición de utilizar transporte público mientras que en Formosa el Consejo de Atención Integral de la Emergencia provincial extendió el permiso para la obra privada que emplee a no más de diez obreros en forma simultánea.

En Tierra del Fuego se pidió incorporar a la industria electrónica y a la construcción de obras ya habilitadas.

Esta mañana la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anticipó que la administración gradual de la reapertura de algunas actividades generará una mayor circulación de personas lo que "deberá estar acompañado con mayor cantidad de testeos”.

“Estamos pensando más excepciones y habrá mayor cantidad de personas circulando, por eso el mensaje para los sectores que van a empezar a trabajar es que las medidas de prevención no se desestimen, que quienes tengan síntomas no los subestimen y tengan contacto con el servicio de salud para definir si cumple la definición de caso y hacerse el test", advirtió en la habitual rueda de prensa.(Infobae.com)

 

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