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Política (162)

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Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema.       Foto:DyN

 

Corte Suprema    |    Domingo 23 de abril de 2017

 

La batalla entre Elisa Carrió y Ricardo Lorenzetti recién comienza. Ahora, el presidente de la Corte Suprema demandará a la diputada por un millón de dólares. “No menos de seis ceros y en dólares”, dijo a PERFIL Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y quien patrocina al juez en su embestida judicial.

En su mente, Rizzo tiene la cifra redonda que inaugura los millones. El argumento es que Carrió destrozó la imagen y necesita ser reparada.

“Va a hacer lo mismo que buscaron Ricardo Echegaray y Aníbal Fernández. Así funcionan los mafiosos. Con lo que le gusta la plata a Lorenzetti, no esperamos menos de él”, replicó uno de los asesores de la diputada.

En la Corte Suprema y en el Gobierno se agarran la cabeza. Temen por las consecuencias de una pelea en donde ninguno de los dos contrincantes se baja a tiempo del ring.

El presidente Mauricio Macri evitará contradecir a Lilita en tiempos de campaña electoral.

En la Corte Suprema, a su vez, le dejaron claro a Lorenzetti que es un problema que deberá afrontar en soledad. Se lo dijo Elena Highton. Días atrás, Lorenzetti dio una nota a Clarín con el ministro Horacio Rosatti. Aparecía una foto de ambos enlazados en un abrazo. Pero Rosatti aclaró frente a su colega que respetaba a Carrió y que también la abrazaría si la viera. “Esto ya no es judicial, es político –razonan los que caminan el cuarto piso de los tribunales–. Mientras, la Corte funciona y los fallos salen. No hay sentencias unánimes. Acá los cinco definen”.  Lo demuestran los últimos fallos: una alquimia que trasmuta en cada sentencia. “No hay alianzas prefijadas. Acá nadie manda, todos cuentan”, dicen en la Corte. Ahora la expectativa está en el caso de Milagro Sala pero prometen que habrá más sentencias de alto voltaje.

El factor Servini. Al comenzar abril, Lorenzetti  había mandado las primeras cartas documento a Carrió y a María Servini, la otra protagonista del enfrentamiento.

La jueza investiga a Lorenzetti en la causa Fútbol para Todos y había dicho a PERFIL  que su superior presionaba a los jueces. “Servini es una leona defendiendo a su cachorro –afirmó Rizzo–. Ella cree que Lorenzetti  fogoneó la salida del hijo del Consejo de la Magistratura y Lorenzetti piensa que fue el Gobierno porque el que se quedó con la administración está ligado al PRO. En el ínterin, a Servini alguien le llenó la cabeza. Después apareció el fallo del límite de los 75 años que pensó que era para ella. Debería excusarse en Fútbol para Todos por enemistad hacia un imputado”. Servini le respondió a Lorenzetti con otra carta y Carrió con el pedido de juicio político. Nadie tiene certezas sobre la suerte que correrá el pedido en el Congreso, pero tampoco creen que será cerrado en medio de las elecciones. “El limbo es el problema –dicen en Tribunales–. Lorenzetti quedó adentro de la pelea política. Todos los que pelearon con Carrió perdieron”.

La demanda. El domingo pasado, Elisa Carrió anunció su candidatura con Mirtha Legrand y se quejó del abandono del PRO, tras la reapertura de una causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La diputada vio detrás la sombra de Lorenzetti. El lunes, de Mauricio Macri para abajo salieron todos a respaldarla.

El martes, Lorenzetti envió a Carrió una segunda carta documento anunciando el juicio por daños y perjuicios.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que esa reacción fue “un poco exagerada” y le recomendó “rendir cuentas porque siempre es saludable”. En los Tribunales consideraron la reacción del presidente de la Corte Suprema un “error estratégico: se metió solo en la campaña”.

La demanda de Lorenzetti por daños y perjuicios se haría en los tribunales civiles porque el juez acciona a título personal por lesiones a su honor. “¿El importe?  No es menos de seis ceros y en dólares”, insistió Rizzo. Pero puso suspenso cuando PERFIL le preguntó cuándo se iniciará.

 “Lorenzetti es parco, parece un cura. No podés leerlo del todo y no es un cliente común, es el presidente de la Corte”. Pero advirtió: “Como amamos la paz, estamos preparados para la guerra”.

En el entorno de Lorenzetti confiesan que el juez creyó que el asunto se iba a calmar por la mediación de Mauricio Macri, pero el plan fracasó.“Sí, él me pide pero yo le digo que no”, sostuvo ayer Carrió, en referencia a la participación del Presidente.

Lorenzetti  no sabe por qué la diputada se la agarró con él. “El me jura que no sabe y está indignado por los hijos, por la gente que lo rodea. Le despedazó la imagen”, enfatizó Rizzo.

Las consecuencias del enfrentamiento que dejó en el medio a los juzgados se vuelve impredecible.(Perfil)

 

 

 

José Pedro Potocar.            Foto:Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Corrupción    |    Domingo 23 de abril de 2017

 

Así lo informaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Además, detallaron que la conducción de esa fuerza quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad.

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño informó esta noche que el gobierno dispuso la suspensión preventiva del jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, investigado por corrupción.

"El Ministerio de Justicia y Seguridad informa que el Gobierno dispuso la suspensión preventiva del jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, para preservar una investigación judicial en la que está mencionado y la normal prestación del servicio de seguridad", explicaron en un comunicado. 

"La conducción de la Policía de la Ciudad continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D'Alessandro" agregaron, según consignó la agencia DyN.

"La decisión, adoptada a través del decreto 139/17 del Jefe de Gobierno por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal en la causa N° 26.168/2016 que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 14 a cargo del Dr. Ricardo Luis Farías, Secretaría N° 143 a cargo del Dr. Sebastián Del Gaizo", completaron en el texto. 

La causa. La investigación es llevada adelante desde hace dos años por el fiscal José María Campagnoli y se inició a partir de la denuncia de vecinos de Núñez que revelaron que desde la comisaría 35 les cobraban coimas a cambio de "protección". Si no accedían, eran víctimas de la inseguridad. 

La investigación del funcionario judicial permitió determinar que los pagos a la comisaría se hacían a través de la Asociación de Amigos de la seccional, que entregaba facturas a cambios de las llamadas"contribuciones". Además, logró allanar la seccional y obtuvo un cuaderno donde el jefe de la misma, Norberto Villarreal, llevaba el registro de cómo se repartía hacia arriba lo obtenido por "protección" y por las coimas pagadas por "trapitos" cerca de la cancha de River. Si bien se ordenó en su momento la detención de Villarreal, hoy se encuentra prófugo. 

Perfil. Potocar entró en funciones el 1 de enero de 2016 a frente de la Policía de la Ciudad. Es abogado y graduado de la  Academia del FBI (FBI National Academy). Cursó también una Maestría en Ciencias Criminológicas Forenses y es docente de Derecho Penal II en la Universidad de Morón. Casado y con 3 hijos, lleva  más de 35 años de servicio en las fuerzas de seguridad.(Perfil)

 

Alejandra Gils Carbo Foto:DyN

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Gils Carbó    |    Sábado 22 de abril de 2017

 

El oficialismo quiere que la Procuradora General se vaya cuanto antes. Las causas que la involucran, el juicio político y la defensa de la funcionaria K.

El mensaje fue claro desde el momento en que asumió Mauricio Macri: "Debería renunciar", afirmó el Presidente, en referencia al mandato de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Con el paso del tiempo y la negativa ante el deseo del mandatario, Cambiemos busca imperiosamente arrinconar a la funcionaria vinculada con el kirchnerismo.
Gils Carbó tiene dos causas y un juicio político para afrontar en los próximos meses, y sólo cuenta con que el año legislativo retrase la inminente presión del PRO para desligarse de la funcionaria. 
En primer lugar, diversos diputados y senadores de la alianza Cambiemos pidieron a la legisladora titular de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Graciela Camaño, citar a la procuradora para que explique presuntas irregularidades en las designaciones de fiscales para causas contra la corrupción de funcionarios kirchneristas.
"Ayer Cambiemos presentó un pedido y lo vamos a tratar allí en la citación el próximo jueves a las 11 de la mañana. Hoy pusimos en circulación un documento de 1000 páginas que son una suerte de respuestas de la procuradora y su defensora al pedido que hace Cambiemos, aunque ni siquiera está tratado el pedido. La compra del edificio no está dentro de los temas porque está en sede judicial, lo que hay es un seguimiento de gestión", indicó Camaño a la señal de TN.
Y agregó que cuando la citen, "con su presencia vamos a tener la posibilidad de interrogarla".
Cuando Camaño se refirió a la "compra del edificio", es porque esa es la otra causa que involucra a la jefa de fiscales. Arfinsa, del grupo Bemberg, recibió 43,8 millones de pesos de la Procuración General por la compra del edificio de la calle Perón al 600, y en la operación habría habido una comisión de 7,7 millones de pesos que esa empresa le pagó a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios.
Hoy Gils Carbó presentó en el ámbito de la Cámara de Diputados un libro que recoge la experiencia de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs), cuyo propósito es "darle voz a los que tienen tantas dificultades de hacerse oír", manifestó. No obstante, no dio ninguna declaración con respecto a ninguna de las dos causas, pero presentó un escrito en donde niega irregularidades en la compra del edificio.
En su escrito, Gils Carbó defiende la compra del edificio: “Era una necesidad institucional adquirir un inmueble de esa características que ya había sido expresado por los titulares de este organismo, desde, al menos, el año 2011”, pero reconoce que debieron abrir una investigación para determinar si un funcionario utilizó información calificada para el beneficio de un familiar.
La nota a Camaño fue presentada por el jefe de la bancada de diputados de Cambiemos, Mario Negri, su colega de bloque Diego Mestre, la macrista Silvia Lospenatto, y los senadores de la UCR Silvia Elías de Pérez, y Laura Rodríguez Machado (PRO).
Ellos quieren que la Procuradora explique "sobre los criterios aplicados para la selección o modificación de los titulares de procadurías y unidades especializadas" Y que Gils Carbó informe acerca de la "designación de fiscales subrogantes en cargos inactivos".
En ese marco, quien también se refirió al caso fue la propia titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien apuntó fuertemente contra Gils Carbó: "Ella debería tomar conciencia de que su situación de supuesta resistencia daña al país, a la reputación de la Argentina en el mundo y a las posibilidades de inversiones".
Y argumentó: "El daño que genera la presencia de Gils Carbó en la Procuración es internacional para la Argentina. El Grupo Antisoborno de la OCDE acaba de dedicar diez párrafos en su informe sobre nuestro país remarcando la politización del Ministerio Público. Hablan específicamente de su falta de neutralidad, de cómo interfirió en investigaciones y cómo cambió fiscales cuando investigaron a funcionarios del gobierno anterior".

Además de ambas causas, la procuradora tiene un pedido de juicio político en su contra, y el PRO, que preside la Comisión de Juicio Político, espera conseguir banca para que sea el primero de los tres pedidos que hay: Mauricio Macri, Ricardo Lorenzetti y la mencionada.

Sin embargo, Graciela Camaño, quien también integra dicha comisión, apuntó en diálogo con Perfil hace unos días contra el PRO porque "no nos hemos reunido nunca. La comisión ni fue abierta".
Lo cierto es que el juicio político contra la procuradora tiene el apoyo de Laura Alonso: "yo cuando era diputada presenté un pedido de juicio político contra ella. Tiene varias denuncias penales en su contra y en una apertura de investigación en la Cámara estoy segura de que aparecerían muchos fiscales para testificar la persecución y sus interferencias".(Perfil)
 

CGT unificada con Daer, Schmidt y Acuña. Foto:DyN

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CGT y Gobierno    |    Viernes 21 de abril de 2017

 

La central obrera rechazó las “intromisiones” del Ministerio de Trabajo en las elecciones gremiales, pero le reclamará cambios a Triaca en el impuesto a las ganancias. Qué harán el Día de los Trabajadores.

El triunvirato que conduce a la Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un dilema desde el inicio del gobierno nacional de Mauricio Macri. Juan Carlos Schmid, Héctor Daer, y Carlos Acuña deben hacer equilibrio entre los reclamos de (ciertos sectores de) sus bases, que piden endurecer las medidas de fuerza en pos de mantener los puestos de trabajo y conseguir paritarias superiores a la inflación; y mantener una relación abierta con el Ejecutivo que le permita garantizar el normal funcionamiento de los gremios.
La conducción de la central obrera se aboca esta semana a planificar el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Mientras aseguran no tener "diálogo con el gobierno", representantes de sindicatos de transporte, entre ellos el del propio Schmid, se reunirán en el Ministerio de Trabajo el lunes con Jorge Triaca, titular de esa cartera, para negociar modificaciones al impuesto a las ganancias.
El secretario de Comunicación de la CGT, Jorge Sola, señaló hoy que "no existe" vínculo con el Gobierno. Sin embargo, los representantes de los cinco gremios se encontrarán con funcionarios de Trabajo y de la AFIP para avanzar en las modificaciones en ganancias que reclama ese sector, dado el impacto que tiene en los adicionales por horas extra y días feriados en los trabajadores de esa actividad.
El panorama sindical tiene otra arista que en algunos casos los obliga a moderar la belicosidad: hace un mes, en los albores del conflicto docente y antes incluso del paro del seis de abril, un estudio aseguraba que más de 80% de los encuestados tiene una imagen negativa de los gremios. Es en ese marco que la central obrera debe pensar en los planes para el 1 de mayo, que caerá un lunes.
En una reunión del Consejo Directivo encabezada por los triunviros la CGT repudió las "intromisiones" y "exceso de atribuciones" del Ministerio de Trabajo. La cartera de Triaca sugirió a los gremios implementar medidas de transparencia como el voto electrónico, límites de mandatos y cupo femenino. Así lo indicó el secretario de Comunicación de la central, Jorge Sola, quien adelantó además que la organización presentará mañana una respuesta oficial ante el planteo del Gobierno. 
La reunión, que se llevó a cabo en la sede de Azopardo 802, fue la primera cita formal después del paro general del 6 de abril y estuvo marcada por el balance de la medida de fuerza y las críticas hacia los medios de comunicación por no reflejar los "alcances" de esa movilización.
"Vemos con preocupación que, en la mayoría de los medios, se maneja más el 1A que el 6A", señaló Sola en referencia a la concentración que se realizó en apoyo al Gobierno, y añadió: "Fue mucho mas fuerte el parate del país que la movilización en Plaza de Mayo de un sector de la Ciudad de Buenos Aires". Pese a afirmar que la "predisposición al diálogo sigue abierta" mientras no se trate de una "foto", el referente sindical señaló que en la CGT "no existe" vínculo con el Gobierno.
"Nuestra estrategia sigue siendo la de mostrar la protesta en la calle", dijo el vocero, y atribuyó a una "operación de prensa de la Casa Rosada" la información de que para hoy estaba prevista una reunión entre la CGT y el Gobierno, cuando no hubo "ni invitación".
Tras anticipar que el "martes o miércoles" se ultimarán los detalles de organización del acto por el Día del Trabajador, donde se espera reunir "cinco o seis mil personas", Sola sostuvo que en esa convocatoria se van a "ratificar y refrendar los motivos del paro", además de advertir que "seguramente" habrá nuevas medidas de fuerza.
Al rechazar las sugerencias del Gobierno, planteó que "ni siquiera es una resolución ni la podemos apelar en el ámbito legal. Como se hizo en el mismo día del paro, tiene todos los indicios de los fuegos artificiales que se hacen para contrarrestar. No suma, es más para la platea de sus votantes".
Reunión con Triaca. El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y secretario de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Pablo Brey, confirmó a DyN que el encuentro está pautado para las 15 en sede la cartera laboral "con el ministro Triaca y gente de la AFIP".
Según indicó, Brey asistirá a la reunión junto a Omar Maturano (trenes), Juan Carlos Schmid (triunviro de la CGT y jefe del gremio de Dragado y Balizamiento), Omar Pérez (camioneros) y Roberto Fernández (UTA). 
"La mesa es la misma que la del asado de la semana pasada", comentó el gremialista en referencia al almuerzo que compartieron el 11 de abril los representantes de los sindicatos transportistas con Triaca y el titular de la AFIP, Alberto Abad, en la sede de La Fraternidad.(Perfil)
 

 

carrio vidal macri Foto:Cedoc

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Diputada Carrió    |    Jueves 20 de abril de 2017

 

Sostuvo que "si le da el físico", será candidata a diputada por Capital Federal. Su relación con Lousteau.

Luego de semanas de idas y vueltas, la líder de la Coalición Cívica (CC) y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, confirmó que será candidata a diputada nacional por Capital Federal. 

"Voy a ser diputada de toda la Nación por la ciudad de Buenos Aires", sostuvo Carrió durante una entrevista en Todo Noticias.  De todas formas, aclaró que participará de los comicios "si me da el físico". 

Al mismo tiempo, reiteró que no será candidata en provincia de Buenos Aires debido a que la gobernadora, María Eugenia Vidal, no quiere que compita allí. "Quieren que la Provincia sea toda del PRO", vaticinó. 

Pero Carrió no se quedó allí, también apuntó contra el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y Martín Lousteau, quien en 2015 se postuló a jefe de Gobierno de la mano de la CC.

Sobre el primero, sostuvo que es responsable de operaciones en su contra y agregó: "Nunca pensé que iba a ser perseguida incluso por sectores internos de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires". 

En cuanto al exembajador argentino para Estados Unidos, sostuvo que "no sabe para qué vino". "Estamos tratando de sostener la República y tengo que estar hablando con un chico para que esté en una lista", comentó.

Para concluir el tema, Lilita fue dura con Lousteau: "Yo tengo buena relación con él, pero no sé a qué vino. Si quiere ser jefe de Gobierno porteño, que se presente en dos años. Los objetivos personales no importan". (Perfil)

 

Macri volvió a apoyar a Vidal, en el marco de paritaria docente. Foto:DyN

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Beneficio impositivo    |    Miércoles 19 de abril de 2017 07:40

 

Es con el fin de contener los aumentos de las cuotas, tal como sucede desde 2002.

El Gobierno nacional volvió a extender este miércoles hasta fin de año, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la eximición para el pago de contribuciones patronales para los colegios de gestión privados incorporados a la enseñanza oficial, con el objetivo de contener los aumentos de las cuotas, tal como sucede desde 2002.

El DNU, publicado en el Boletín Oficial, se da este año en medio de la fuerte puja con los gremios docentes por la falta de una negociación paritaria federal y que abrió una fuerte polémica por la calidad de la educación pública.

La medida suspende "desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial". 

Los considerandos del DNU señalan que la aplicación de las contribuciones patronales "provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país...".

"Tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno Nacional procura evitar sus mayores riesgos", añade.

Según la Ley 24.241 del sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, todos los empleadores privados contribuyen, para la jubilación del personal con relación de dependencia, con un aporte equivalente al 16 por ciento del haber remuneratorio de la nómina del establecimiento. En junio de 2001, el entonces gobierno de Fernando De la Rúa adoptó una modalidad de alícuota única para la casi totalidad de las contribuciones, estableciéndolas en el 20 y en el 16 por ciento, según la categoría de los establecimientos.

Sin embargo, y ante la crisis económica que vivía el país, en agosto de ese mismo año se suspendió la aplicación de esos aportes, situación que se reiteró en 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, y desde 2001, de manera ininterrumpida. (Perfil)

 

Elisa Carrió, diputada nacional. Foto: DyN

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Juicio político    |    Miércoles 19 de abril de 2017

 

La Comisión de Juicio Político de Diputados es presidida por el PRO, que aún no tiene una postura clara frente al caso. Además, otros dos importantes juicios podrían demorar el caso del titular de la Corte Suprema.Con el pedido de juicio político, el enfrentamiento que Elisa Carrió mantiene con Ricardo Lorenzetti pasó de una guerra fría a un conflicto abierto. Sin embargo, el principal objetivo de la diputada nacional, la destitución del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está lejos de ser un trámite administrativo simple. Lilita necesita conseguir una mayoría en la Comisión de Juicio Político, la cual es presidida por el PRO, que aún no ha tomado una postura frente al caso. Y otras denuncias, contra el propio jefe de Estado y la procuradora general Alejandra Gils Carbó, podrían demorar incluso aún más el proceso.

Desde la Coalición Cívica - ARI confían en los argumentos que presentó su conductora, Carrió, en el escrito, pero ningún otro espacio político se ha inclinado por ninguno de los dos. Ni siquiera otros integrantes de la alianza Cambiemos, que abarca a la CC, pueden anticipar un voto a favor o en contra. Hasta ahora, solo Gabriela Michetti se ha animado a decir que "no comparto sus acusaciones" Lorenzetti, a quien calificó como "un señor bien". 
Pero la postura de la vicepresidenta no tendrá peso: "Michetti va a ser una espectadora del proceso. No acusa porque no tiene facultades constitucionales para eso, acusan los diputados y si llegara al Senado ella ni vota porque lo trata la Comisión de Asuntos Constitucionales", explicó a Perfil Juan Manuel López, abogado de la CC-ARI.
"Si bien no tenemos aún una postura con el bloque, lo que leí yo de la denuncia me pareció insustancial", comentó por su parte Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador e integrante de la Comisión de Juicio Político.
"Estuve leyendo la denuncia y creo que es insustancial, pero aún no hemos fijado una posición con el bloque. No existen las pruebas. Simplemente hay una enumeración de apreciaciones vinculadas a la propia labor de Lorenzetti como miembro de la Corte. Incluso se mencionan cuestiones que hacen a decisiones que tomó la totalidad del cuerpo, no sólo él, entonces debería haberlos incluído en la denuncia. Y después hacen apreciaciones a supuestos delitos que no están corroborados, no tiene ni siquiera un procesamiento", argumentó la legisladora en diálogo telefónico con este portal.
Desde el Frente Para la Victoria y el PRO, ningún diputado ha dado una postura clara sobre el tema. Pablo Tonelli, diputado oficialista que también integra la Comisión de Juicio Político, dijo a Perfil semanas atrás que hasta no leer bien la denuncia no opinaría. El tiempo sigue pasando pero las especulaciones continúan. 
Camaño denunció además que "la Comisión de Juicio Político no se reunió nunca". "Primero que el PRO haga funcionar la comisión. Hay tres pedidos de juicio político. Primero que abran la comisión y luego empezamos a discutir", planteó. 
A su turno, López aseguró que las elecciones de medio término y los otros juicios políticos también podrían demorar el caso. "No hay un manual de qué hacer en este caso. Es un proceso político y los tiempos se ajustan a eso, a reunir las mayorías necesarias. Pero además es un año electoral, lo que lo hace más complicado. Y encima también está el juicio político a Gils Carbó, con lo cual la comisión deberá decidir cuál presentación tratar primero", precisó el letrado.
Sin embargo, López explicó que, según las reglas de la Cámara de Diputados, el pedido de juicio político tiene vigencia por tres años y se puede volver a presentar la denuncia si perdiera la vigencia. "Lo que está claro es que no hay una definición clara del PRO ni para un lado ni para el otro. Habrá que ser pacientes. Lilita integra la Comisión y sabrá cuando es momento de plantear el debate", completó. 
Declaraciones juradas. En respuesta a la demanda que Lorenzetti le envió a Carrió por "daños y perjuicios", la Coalición cuestionó hoy al titular de la Corte y le pidió que presente sus declaraciones juradas, en las que denuncian un "oscuro patrimonio".
En ese marco, Camaño afirmó que "no creo que yo como diputada le tenga que requerir a un juez que presente su declaración jurada, porque eso sería un avasallamiento de un poder sobre el otro. Somos distintos poderes, somos una república, algo que la señora defiende tanto. Si quieren discutimos una ley en todo caso, dentro del ámbito de respeto de la división de poderes".(Perfil)

 

 

Ruta del dinero K    |    Martes 18 de abril de 2017

 

La fiscalía de Suiza comunicó al juez argentino Sebastián Casanello la existencia de tres nuevas cuentas bancarias relacionadas con Lázaro Báez, las cuales agregan cuatro nuevos presuntos cómplices del empresario con actividades financieras en Suiza, admitió una fuente judicial que pidió anonimato.
Estas tres nuevas cuentas se añaden a otras diez, también atribuidas a Báez y su entorno, informadas por el juez Casanello a Suiza, vía un exhorto fechado el 17 de agosto de 2016. La información de estas se encuentran en espera de notificación. Ladina Gapp, portavoz del Ministerio Público de la Confederación helvética, explicó que se trata de “un proceso dinámico”, en “curso de ejecución”, sobre el que “no estamos en medida de dar un marco temporal preciso” todavía.
La sociedad panameña SGI Argentina, con una cuenta en el banco PKB de Lugano, controlada por Guillermo Rosso, y otra en el Safra Sarasin de Ginebra, y la panameña Marketing and Logistic Management, con cuenta en el Safra Sarasin, habrían lavado cerca de 20 millones de dólares, entre los años 2012 y 2013, firmas representadas por Gustavo Cesar Fernandez, Eduardo Guillermo Castro y Fabian Virgilio Rossi, personas vinculadas a Lázaro Báez, según detalló la fuente judicial.
La petición argentina sobre las diez cuentas solicitadas por el juez Casanello en espera de notificación, involucran a dos colaboradores del empresario detenidos con en Buenos Aires, (Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadin), a sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martin y Melina), al uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero, y al supuesto testaferro de Báez en Suiza, el ítaloargentino Néstor Marcelo Ramos, cuya extradición se encuentra pendiente.
“Las demandas internacionales de búsqueda y captura son confidenciales y están sometidas al secreto de función. No puedo entonces darle indicaciones”, manifestó al respecto Raphael Frei, vocero de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), del Departamento de Justicia y Policía (ministerio).
Se le reprocha a Ramos -afincado en Suiza desde el 2005-, haber piloteado a través de la financiera que dirige en Lugano, “Helvetic Services Group”, una operación de blanqueo de 33 millones de dólares sacados ilegalmente de Argentina, a través de la adquisición en Ginebra de títulos de la deuda pública, que fueron luego liquidados en cuentas de Báez en Buenos Aires.
El retraso en la transmisión de las diez cuentas que le faltan notificar a Suiza se debería a recursos interpuestos por los titulares de las mismas en el Tribunal Penal Federal suizo, equivalente a la Cámara Federal de Casación Penal en Argentina. Existe la posibilidad de un último recurso ante el Tribunal Federal, máxima instancia judicial suiza, similar a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.
Esas diez cuentas que aguardan ser transmitidas a la Argentina fueron localizadas en tres establecimientos de Ginebra (Lombard Odier, Safra Sarasin y Citibank), protegidas por sociedades instrumentales de Panamá, Belice y España, para aparentemente enmascarar a sus titulares: Teegan Inc, Fundación Kinsky, Tyndall Limited Inc, Fromental Corp, Wodson International SA, y Redwood Associates Corp, junto a la ya citada “Helvetic Services Group”.
Los beneficiarios de cinco de esas cuentas serían los cuatro hijos de Lázaro Báez anteriormente mencionados, concuerdan documentos oficiales de Suiza y Argentina.
La Presidenta de Suiza, Doris Leuthard, inició hoy martes una visita de dos días a la Argentina para mejorar “la cooperación económica, comercial, científica, judicial y financiera”.
Báez se encuentra detenido hace más de un año. (perfil)
 
El Gobierno prepara un cambio fundamental en la forma de pago de las viviendas sociales en las provincias.
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Fondos para vivienda    |    Martes 18 de abril de 2017

 

Los gobernadores seguirán definiendo los proyectos junto con Interior, pero Nación les pagará directamente a los contratistas; el cambio se hará después de las elecciones.

El Gobierno prepara un cambio fundamental en la forma de pago de las viviendas sociales en las provincias, una de las mayores apuestas de la administración de Mauricio Macri para dinamizar la economía y conseguir la adhesión de los sectores más populares.

Fuentes oficiales revelaron a LA NACION que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias. De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no sólo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $ 19.000 millones.

Precisamente, para amortiguar ese impacto, el cambio se haría después de las elecciones de octubre.

Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos. En algunos casos también tienen una participación importante los municipios. Es lo que ocurrió en el último tramo de la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.

Por la desconfianza que le tenía la entonces presidenta, Cristina Kirchner , el Estado giraba los fondos a los jefes comunales.

Los cambios que espera concretar el Gobierno mantienen un rol importante para las provincias en la definición de las obras, pero no en el manejo del dinero.

Una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.

Hace tres semanas una comitiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se reunió con colaboradores de Frigerio y les extendió una propuesta informal, sin membrete de la entidad. El documento está bajo estudio, si bien la decisión política de avanzar en esa línea ya había sido tomada.

Una fuente empresaria que suele visitar la Casa de Gobierno justificó la decisión desde la mirada oficial: "Esto les da mayor seguridad de que las obras se ejecuten", resumió.

Para los empresarios también es un avance importante, ya que no sólo acorta los tiempos entre que se extiende un certificado de avance de obra y la constructora recibe el dinero, sino que también evita gestiones con las provincias para allanar el cobro.

La urgencia de las provincias es antagónica con los intereses de la Casa Rosada. Cada vez que eso ocurre, la constructora demora el avance de las obras, por lo que no se cumplen los plazos originales previstos.

Mayores costos

Además de incumplir las metas a las que el Gobierno se comprometió por escrito, por ejemplo, a través de la ley de presupuesto, la ralentización de los pagos lleva a que el Estado deba pagar mayores costos por el mismo paquete de viviendas.

Es algo que en diversas reuniones hizo notar el propio Mauricio Macri, con experiencia en el mundo de la construcción tras su paso por Iecsa y Sideco, las empresas familiares que se convirtieron en unas de las más grandes del rubro en el país. Más aún: como la compañía constructora descuenta desde el principio que el Estado (nacional o provincial) se demorará en los pagos, puede preferir ensanchar su presupuesto original para cubrir esa morosidad.

La modalidad de pago directo del Estado a las empresas tiene otros beneficios para la Casa Rosada, según la mirada de quienes trabajan en la iniciativa. Un funcionario que suele sentarse con frecuencia a la mesa chica del Presidente lo puso en los términos que suelen usar los economistas: como el dinero es fungible, es muy difícil rastrear su destino (la denominada trazabilidad) una vez que sale de la contabilidad del Estado e ingresa en las arcas provinciales.

Algunas gobernaciones hicieron un culto de esas dificultades. Aunque el año pasado la Secretaría de Vivienda y Hábitat cambió la norma, regía un mecanismo por el cual las transferencias nacionales de diversos rubros, desde el pago por un complejo de viviendas hasta la construcción de un puente o la cancelación de otra clase de deudas a los distritos provinciales, caían en la misma cuenta bancaria. Eso hacía casi imposible corroborar el destino de los fondos.

El Gobierno avanzará con la medida en los próximos meses, pero no la aplicará antes de las elecciones, posiblemente para evitar un choque adicional con los gobernadores antes de ir a las urnas.

Tanto las empresas como los funcionarios nacionales comenzaron a afinar un discurso para usar de escudo ante eventuales críticas: el mecanismo de pago sin intermediación de las provincias ya funciona en el caso de las obras hídricas.

Después de las dificultades del año pasado (la construcción fue el sector donde se destruyó el mayor número de empleos), las empresas y el Gobierno parecen haber encauzado su relación hasta un punto sin fisuras.

Hace dos semanas, la administración de Macri lanzó un plan para invertir $ 100.000 millones en los próximos cuatro años con vistas a construir 120.000 nuevas viviendas sociales, reurbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y con subsidio para construir o mejorar otras 456.000 unidades.

Los objetivos en vivienda social

19.000

Millones de pesos

Es el presupuesto para vivienda dispuesto por el Gobierno para este año.

100.000

Millones de pesos

Son los fondos para vivienda que contempla el plan oficial para los próximos 4 años

120.000

Viviendas

Es la cantidad de unidades de tipo social que se espera construir en ese plan.(Perfil)

 

Marcos Peña    |    Sábado 15 de abril de 2017

 

El jefe de Gabinete respaldó a María Eugenia Vidal en su objetivo de “trasformar la calidad educativa en la Provincia”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, respaldó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en su objetivo de “trasformar la calidad educativa en la Provincia”, y renovó el pedido a los gremios docentes de “tener grandeza y generosidad” para “ponernos a trabajar en una misma agenda”, de cara a la reunión del próximo lunes.

“María Eugenia ha tenido mucha valentía para abrir un debate necesario porque existe un problema presupuestario enorme, con una provincia quebrada, con grandes problemas de inversión pública en las escuelas y en la calidad educativa”, dijo el Jefe de Gabinete, en declaraciones formuladas al periodismo en Pinamar.

En ese sentido, pidió que los sindicalistas docentes tengan la “grandeza y generosidad de pensar no sólo en los reclamos justos, que todos compartimos, sino entender el contexto dónde estamos y cómo hacer para ponernos a trabajar en una misma agenda”.

Por la mañana, Peña compartió una charla con el intendente de Pinamar, Martín Yeza, miembros del gabinete municipal y concejales, tras lo cual visitó una cooperativa dedicada a la actividad pesquera.

Peña subrayó que “vamos en buen camino para derrotar a la inflación” y señaló que el objetivo inmediato en materia económica es “ir generando algunos instrumentos que regulen el corto plazo”.

“Estamos convencidos de que vamos a estar en torno a la meta que ha planteado el Banco Central, y lo más importante es que esa baja va a continuar el año próximo”, afirmó.

Sostuvo que “en una sociedad que viene de muchos años de inflación hay que romper un montón de comportamientos inflacionarios”.

“A diferencia de otro momento de nuestra historia elegimos un camino gradual al del shock porque se pueden generar problemas severos a largo plazo”, explicó.

En la reunión que mantuvo en la sede del municipio, Peña remarcó que entre las metas principales que se trazó el Gobierno apenas asumió en diciembre de 2015 figuraban, por un lado, “evitar una gran crisis económica y restablecer las variables, y por otro, sostener y acompañar una sociedad muy fragmentada en lo social y político”.

“A partir de ahí empezar una segunda etapa de mayores transformaciones, tomando velocidad y saliendo de este cúmulo de fracasos que venía sufriendo nuestra sociedad”, puntualizó.

Peña afirmó que para lograr más desarrollo y luchar contra desigualdad es importante marchar hacia “una sociedad del conocimiento”. Sostuvo que el país ganará “en calidad institucional y democracia más fuerte si hay ciudadanos con más formación, entusiasmo y proyectos de vida”.

Subrayó que los cambios que introdujo el Gobierno sirvieron para que se restableciera la confianza en el país y aseguró que hoy los inversores tienen “optimismo”. “No pueden creer que en 15 meses haya girado tan rápido la Argentina”, apuntó.

Además, remarcó que las inversiones comprometidas para el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta posibilitarán que en pocos años la Argentina recupere el autoabastecimiento energético y deje de depender de las importaciones.(LaNación)

 


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