Política

Extenderán la exención del IVA en productos de la canasta básica para beneficiarios de planes sociales y ampliarán la lista de productos del programa de Precios Cuidados. Buscan contener la pobreza y, al mismo tiempo, reactivar la economía y el consumo

 

Alberto Fernández durante el almuerzo con los empresarios de AEA

Alberto Fernández durante el almuerzo con los empresarios de AEA

 

El Gobierno avanzó en las últimas horas en negociaciones con cámaras empresariales y supermercadistas de todo el país para cerrar dos anuncios centrales destinados a los sectores vulnerables y a la clase media: la continuidad de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para alimentos de la canasta básica para los beneficiarios de planes sociales y la ampliación de la lista del programa de Precios Cuidados para unos 600 productos.

“Estamos estudiando todo y dialogando a cada hora con los empresarios”, expresó a Infobae un allegado al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La premura del Gobierno por avanzar cuanto antes con estos temas resulta crucial para el presidente Alberto Fernández para dar una señal de alivio lo más rápido posible. Pero también hay un calendario que cumplir ya que mañana se vence la exención del IVA en 13 productos de la canasta básica que había aplicado la gestión de Mauricio Macri.

A la vez, en la jefatura de Gabinete y los ministerios de Producción y de Desarrollo Social también apuran los acuerdos con cámaras empresariales para ampliar la lista de Precios Cuidados y la prórroga del programa Ahora 12. Esto formará parte de un anuncio que quiere hacer el presidente Fernández el 7 de enero.

La idea del Gobierno es revertir la baja del consumo y reactivar la economía con el programa de Precios Cuidados ampliado. Hasta ahora, el programa que había diseñado Macri abarcaba a unos 520 productos y la idea es llevar a unos 600 productos esa lista con precios que no se tocarán.

 

El programa de Precios Cuidados comenzó en 2014 con Cristina Kirchner y Macri le dio continuidad. “Ya se avanzó mucho con empresas relacionadas con productos de limpieza y algunos alimentos, pero faltan más acuerdos”, destacó un funcionario de la Casa Rosada.

La idea del presidente Alberto Fernández es llevar tranquilidad a los sectores medios y a los más vulnerables de la Argentina para evitar que la inflación impacte en los bolsillos. Pero también hay una idea del Gobierno de que este programa pueda generar una reactivación de la economía y movilizar el consumo. También en el Ministerio de Producción que lidera Matías Kulfas creen que esta reactivación de la economía se dará con la reaparición de las marcas más importantes como un recurso que devolvería los precios de referencia en el programa de Precios Cuidados.

Al mismo tiempo, las negociaciones contrarreloj con los empresarios tienen por fundamento central cerrar entre hoy y mañana el programa de exención del IVA para productos de la canasta básica que vence mañana. Esta había sido una medida que tomó Macri después de la derrota electoral de las PASO y que el Gobierno pretende dar continuidad aunque se le harían algunos retoques sustanciales. En principio se analiza una continuidad de la exención del IVA para estos productos o una devolución a través del sistema de tarjetas del plan Alimentar para las madres con hijos pobres o para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Se trata de productos relacionados con la canasta básica como el pan, leche, aceite girasol, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido, té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar.

Estas medidas se complementan con gestos hacia la clase media como los que acaba de anunciar el Presidente en las últimas horas como el freno a los aumentos de tarifa de los peajes en rutas nacionales y la marcha atrás que dio el Gobierno en el incremento del 5% a las naftas.

Según revelaron a Infobae allegados al Presidente, la firme intención de estas dos medidas apunta a no castigar más a los sectores medios. La idea de congelar los precios de tarifas de peajes en rutas nacionales, en los accesos Oeste, Norte y Richieri tiene que ver también con una idea del Poder ejecutivo de no generar malestar social en vísperas de las vacaciones.

En tanto, la marcha atrás que definió Alberto Fernández ante un aumento del 5% en las naftas de YPF buscó evitar una espiral inflacionaria o un efecto dominó en otras companías petroleras. Según explicaron en la casa Rosada la medida había sido acordad por el titular de YPF Guillermo Nielsen con el Presidente. Pero al ver el impacto que ello iba a generar en la gente el propio jefe de Estado salió a desactivar la medida.(Fuente: Infobae.com)

 

 

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Cristina Kirchner

La Sala I se negó a entregar la causa a la Sala III

 

Las definiciones sobre la prisión preventiva de Cristian Kirchner y la recusación del fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos quedarán para febrero. Es que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy rechazar el planteo de la Sala III que reclamaba la remisión de la causa de las anotaciones de Oscar Centeno y todas sus derivadas, por una causa conexa anterior.

Ahora, si la Sala III insiste en plantear la competencia, un plenario integrado por seis camaristas deberá decidir qué tribunal se queda con el expediente. La votación estará a cargo de los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Carlos Mahiques.

La defensa de Cristina Kirchner había urgido el viernes pasado a una definición sobre la prisión preventiva de su clienta a través de un trámite llamado “pronto despacho”. El tramite se había suspendido sobre este conflicto de competencia.

En una de las primeras decisiones que toman por unanimidad en la causa de los cuadernos, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa decidieron hoy ratificar su competencia en el expediente en el que intervienen desde el inicio de la investigación. Fue una resolución en duros términos, en donde la jueza Figueroa señaló que el pedido “no resulta ajustado a derecho ni aprueba el test de razonabilidad que la Constitución Nacional impone”.

 

Tal como lo relató Infobae, la causa de los cuadernos originalmente se sorteó a fines de 2018 en Casación para revisar excarcelaciones y el trámite cayó en la Sala II, pero se dispuso que fuera remitido a la Sala I por su conexidad con la causa de Gas Nacional Licuado (GNL). Ese fue el expediente que permitió que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli permanecieran en la instrucción de los cuadernos que fue acumulando otras causas ya existentes o que se iniciaron a raíz de ésta.

Cuando ya se habían hecho las audiencias en donde la defensa de Cristina Kirchner pedía revocar su prisión preventiva y la del ex funcionario Roberto Baratta reclamaba la recusación de Stornelli, y luego de que la Sala I de Casación dictara un fallo que permitió la excarcelación de Baratta y del ex ministro Julio De Vido, la Sala III de Casación, encabezada por la jueza Liliana Catucci junto a sus colegas Eduardo Riggi y Guillermo Giacobucci, reclamó formalmente a sus colegas que le entregaran todas las causas. Decían que en su sala se tramitan dos causas ligadas a los cuadernos: una por subsidios al transporte ferroviario, en donde están procesados los ex secretarios Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime junto a la ex presidenta y el ex ministro Julio De Vido; y otra ligada al lavado de dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner ya fallecido.

“Si bien la Sala III ha invocado la relación de conexidad entre once procesos que sólo han sido acumulados jurídicamente –más no materialmente- y el criterio uniforme de esta Cámara Federal de Casación Penal en punto a que una vez declarada en la instrucción la conexidad entre varias causas es el tribunal que ya conoció o está conociendo en alguna de ellas con motivo de la primera radicación es el que debe continuar con su tramitación, lo cierto es que la jurisprudencia también es pacífica al reconocer que dicho criterio debe ceder en determinados casos”, dijeron los jueces Petrone y Barroetaveña.

 
La jueza Ana María Figueroa, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (NA)

La jueza Ana María Figueroa, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (NA)

 

También recordaron que ya se había rechazado enviar el caso a la Sala IV por otra causa por, entre otras cosas, "la cantidad de decisiones que se habían tomado a esa altura”. Repasaron que allí estuvo de acuerdo el fiscal Mario Villar, diciendo que “la distribución de las causas entre las distintas Salas de la Cámara responde a una cuestión de índole administrativa y que la conexión de causas opera como una alternativa al sorteo para evitar el dispendio de la actividad jurisdiccional y la posibilidad de sentencias contradictorias”. “Las razones de economía procesal para la inhibitoria resultaban extremadamente débiles”, se añadió.

El criterio antes sustentado resulta plenamente aplicable al presente proceso teniendo en cuenta que la causa nº 10.456/14 (subsidios) se encuentra radicada en esta Sala hace más de dos años, mientras que la nº 9608/18 (cuadernos) tramita en esta sede hace un año y tres meses; que se han dictado, a la fecha, diecinueve resoluciones en la primera de las mencionadas, y cuarenta y una en la segunda; y que la solicitud de remisión de causas conexas por parte de la Sala III ha sido formulada en términos genéricos, debiendo destacarse que no se advierte ni se ha invocado la posibilidad del dictado de resoluciones contrapuestas al diferir las cuestiones a decidir. Tales circunstancias nos llevan a concluir que, de momento, no corresponde la remisión de las actuaciones a la Sala III de esta Cámara”, afirmaron Petrone y Barroetaveña.

Insistieron además que “existe otra razón que demuestra que la remisión requerida no puede prosperar y es que en los legajos CFP 9608/2018/299/CF25 –en el que se encuentra recurrida una recusación- y CFP 9608/2018/174 -en el que fueron recurridas las prisiones preventivas confirmadas” y “los procesamientos dictados por esa judicatura- se encuentran en plena etapa de deliberación”.

Y remarcaron que en una acordad de Casación de 2016 se resolvió que “el tribunal integrado al momento de fijar la audiencia de informes prevista en el artículo 465 CPPN, último párrafo debe resolver el recurso atinente a esa convocatoria, cualquiera fuese la subsiguiente composición”. “Además de que la radicación de las causas ha sido consentida por todas las partes, corresponde destacar que no sólo se han fijado las audiencias, sino que éstas ya se han llevado a cabo, restando exclusivamente el dictado de la resolución”, se añadió.

En su voto, la jueza Figueroa opinó que “la presentación efectuada por la Sala III que convoca a este Acuerdo no resulta novedoso, pues han pretendido darle trámite bajo diversas formas y en cada una de ellas, en el marco de distintos expedientes (alguno de ellos, sin estar en trámite ante esta Cámara), aunque ahora haya sido acompañado de una resolución conjunta de los jueces integrantes de la referida Sala”.

Y subrayó que “no se aclaran los motivos que a tenor de la magistrada (Catucci) generarían el requerimiento”. “La señora presidenta de la Sala III de este cuerpo ha señalado que ‘…a consecuencia de la relación de conexidad resultante, la Sala I ha remitido algunos de los expedientes conexos…’. Lo afirmado por la doctora Catucci no es correcto pues la remisión efectuada por esta Sala no lo fue en términos de conexidades advertidas o señaladas, ni de una declaración de inhibitoria de esta Sala I”, aseguró.

“Lo expuesto no constituye una formal inhibitoria, dado que no se encausó ni sustanció mediante las formas que la ley procesal prevé en aquellos casos en los que un tribunal reclama para sí la competencia de un expediente que se encuentra tramitando en otro órgano jurisdiccional, se encausó bajo la forma de un requerimiento administrativo. En rigor, se trata de un pedido de remisión simple de una serie de expedientes sin identificar las razones, y a la fecha sin fundamento jurídico que amerite por el momento la intervención de un Acuerdo de esta Cámara en pleno”, añadió.

En ese sentido, la jueza afirmó: "se han utilizado términos como si fueran sinónimos tales como ‘conexos’, ‘vinculados’, ‘afectados’, sensación que toda la administración política de un período gubernamental debe ser investigada y juzgada por un solo juez de instrucción, un solo tribunal oral, una sola Sala de la Cámara de Apelaciones Federal y una sola Sala de la Cámara Federal de Casación Penal, sin analizar minuciosamente los diferentes objetos procesales, lo cual no resulta ajustado a derecho ni aprueba el test de razonabilidad que la Constitución Nacional impone. En definitiva, no surgiendo con claridad y conforme a derecho los términos legales ni las correspondientes motivaciones jurídicas en las cuales la señora magistrada se dirige a este Cuerpo, voto por no hacer lugar a la remisión solicitada por la Sala III de esta Cámara Federal de Casación Penal y remitir copia de la presente resolución a sus efectos”.(Fuente: infobae.com)

 

 

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Evo Morales junto a Hebe de Bonafini en la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo

Estados Unidos cuestiona que el ex Presidente de Bolivia utilice al país como base de operaciones electorales y ya ha tomado medidas económicas y burocráticas para expresar su malestar diplomático

 

Alberto Fernández demostró templanza humanitaria y política cuando logró que Evo Morales se exiliara en México sin un rasguño y en la Casa Blanca se bendijo ese movimiento del presidente argentino porque ayudaba a descomprimir la situación institucional en Bolivia. Si Donald Trump no hubiera avalado la decisión de Alberto Fernández, el ex Presidente cocalero estaría ahora preso en La Paz.

El Departamento de Estado apretó los dientes cuando comprobó que Alberto Fernández había tomado la decisión de refugiar al ex presidente boliviano en Buenos Aires. Se sucedieron dos sondeos informales y la respuesta extraoficial del gobierno argentino fue liviana y ambivalente.

Alberto Fernández asumió la resistencia diplomática de Washington a la creciente actividad electoral de Morales y optó por un guión político que sólo es efectivo en las formas: apoya al ex presidente boliviano y evita las fotos públicas como si eso fuera una atenuante mediático para el malestar creciente en el Departamento de Estado.

Mientras tanto, Evo Morales continúa con su marcha electoral. Hizo una docena de actos proselitistas, posteó tuits con sus opiniones políticas y prepara para este domingo una movida gigantesca con mil dirigentes del MAS para iniciar la campaña presidencial contra el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

La avanzada política de Evo Morales en la Argentina mereció dos réplicas diplomáticas en Washington. Son gestos de advertencia que parecen leves y burocráticos, pero que exhiben la intención de Trump de revelar al gobierno peronista su malestar por el apoyo institucional al ex presidente de Bolivia.

Aunque trate el tema con cierta displicencia cuando se lo consulta en los medios, Alberto Fernández pensaba viajar a Washington en febrero para encontrarse con Trump en el Salón Oval, reunirse con Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional (FMI), explicar su plan de gobierno a los inversores americanos en Wall Street y moverse hasta Houston para predicar sobre Vaca Muerta.

Esta agenda presidencial quedó en stand by, y la razón formal es burocrática: Jorge Argüello, futuro embajador en Estados Unidos, no será recibido en enero para presentar sus cartas credenciales. Y hasta que ello no ocurra, no se puede organizar una visita oficial del presidente argentino.

A Trump no le costaría nada abrir 15 minutos su agenda en la Casa Blanca para recibir a Argüello y aguardar a Alberto Fernández un mes más tarde. Pero los gestos diplomáticos son un arte político en Washington, que ya decidió bloquear las aspiraciones presidenciales de Morales en Bolivia.

En este contexto, la Casa Blanca resaltó aún más su malestar cuando postergó su decisión sobre las exportaciones nacionales de acero y aluminio hacia los Estados Unidos. Trump amenazó con un aumento de aranceles vía tuit y luego calló a la espera de la réplica argentina. Ocurrió a pocos días de la asunción de Alberto Fernández, y había confianza en resolver el entuerto antes de fin de año.

Pero el Departamento de Comercio anunció a los representantes argentinos en DC que todo quedaba postergado para mediados de enero 2020. La situación es incierta y compleja: Trump no emitió ninguna orden ejecutiva al respecto, y ya arregló con Jair Bolsonaro que no habrá aumento de aranceles para la exportación de aluminio y acero de Brasil hacia territorio americano.

El trato diferente a las exportaciones de acero y aluminio, como ya sucedió con la audiencia protocolar del embajador Arguello, tiene una sola razón geopolítica: el peculiar refugio que concede Alberto Fernández a Evo Morales.

 
Felipe Solá, canciller argentino. (Gustavo Gavotti)

Felipe Solá, canciller argentino. (Gustavo Gavotti)

 

En la escala de advertencias de la Casa Blanca, postergar una audiencia por cartas credenciales o suspender un anuncio sobre una decisión que todavía no se tomó, son señales básicas que se apagan en silencio con un café a puertas cerradas. La diplomacia americana no propone expulsar a Evo Morales, sólo pretende que baje su nivel de exposición pública en la Argentina.

Los mensajes por backchannel del Departamento de Estado cuestionando las actividades proselitistas de Morales se transformaron en una protesta formal cuando se conoció que el ex presidente boliviano organizaba para el domingo un acto con mil dirigentes del MAS.

Es habitual que los funcionarios americanos asignados en Buenos Aires se reúnan, coman o se visiten con sus colegas argentinos. Y como el secreto es clave en el terreno diplomático, esos cónclaves no se revelan, ni se postean en las redes sociales.

Entonces, si una de las partes revela un encuentro convocado para tratar un asunto complejo, la publicidad deliberada exhibe el hartazgo ante la imposibilidad de resolverlo a puertas cerradas. Es lo que ocurrió con Evo Morales en Argentina.

Felipe Solá, Gustavo Béliz y Argüello recibieron ayer en el Salón Evita de la Casa Rosada a la plana mayor de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Ante la ausencia del embajador Edward Prado, concurrieron los consejeros Mary Kay Carlson y Chris Andino.

Los funcionarios americanos explicitaron su malestar por los actos políticos de Evo Morales. A su turno, el canciller argentino dio las explicaciones de rigor durante una reunión duró treinta minutos. No hubo comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, a diferencia de la diplomacia de los Estados Unidos que cerró el círculo con un comentario vía chat que llegó desde Washington.

“Representantes de la Embajada de los Estados Unidos se reúnen con funcionarios del gobierno argentino de manera regular. No hacemos comentarios sobre los temas discutidos durante esas reuniones privadas. Sobre el tema de Evo Morales, hacemos un llamado a la Argentina para que sea un buen vecino al apoyar la democracia boliviana y llamamos a la administración de Alberto Fernández a trabajar para garantizar que Morales no abuse de su estatus en Argentina”, señaló el chat que se distribuyó con la impronta del Departamento de Estado.

El canciller Solá, Béliz -secretario de Asuntos Estratégicos- y el embajador Argüello comentaron los términos del encuentro a Alberto Fernández. Evo Morales también conoció -por encima- que sucedió en el encuentro con los consejeros americanos Carlson y Andino. Pero no canceló el acto de mañana con sus mil dirigentes y hace un rato posteó un tuit que complicará aún más la relación entre Argentina y Estados Unidos.

Frente a la necesidad de Alberto Fernández de mantener fluidas relaciones con Trump para negociar en mejores condiciones la deuda externa, este tuit de Evo Morales complica la estrategia diplomática del gobierno argentino.

El Presidente acordó con Morales que su actividad política sería restringida para evitar refriegas con la Casa Blanca. Pero su refugiado político hasta ahora no cumplió con esa premisa básica. En Washington, la inesperada actitud de Morales se llama fuego amigo.(Fuente: infobae.com)

 

 

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Cristina Kirchner y Gabriela Michetti

En su entorno aseguran que hay deudas y que revisarán nombramientos del último año. “Estamos de acuerdo en que se audite”, explicó Helio Rebot, ex secretario administrativo de la Cámara alta, y relativizó la información

 

Antes de embarcar hacia Cuba, donde tiene previsto recibir el 2020 junto a su hija y su nieta con pasaje de regreso para el 12 de enero, Cristina Kirchner ordenó auditar parte de la gestión de su antecesora, Gabriela Michetti, 15 días después de asumir al frente de la Cámara alta.

Así lo confirmaron a Infobae desde el entorno de María Luz Alonso, la secretaria administrativa del Senado, que es parte del círculo íntimo parlamentario de la vicepresidenta y que, según confiaron, le remitió parte de la documentación de la gestión de Michetti a Susana Baum, a cargo de la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión.

Baum depende directamente de Cristina Kirchner. La auditoría a su cargo debería pasar, una vez finalizada, a Graciana Peñafort, la directora de Asuntos Jurídicos.

“Estamos de acuerdo en que se audite. No hay ningún área del Estado que haya hecho un ajuste más eficiente del que hicimos nosotros”, explicó a este medio Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y agregó que durante los cuatro años encargaron auditorías de la gestión, que estuvieron a cargo de la Universidad de Buenos Aires.

 

Desde el Frente de Todos fueron lapidarios: "Nos encontramos con un desastre importante”. Y resaltaron que ya hubo conversaciones en ese sentido con Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, y con Humberto Schiavoni, jefe del bloque del PRO.

Los expedientes que Alonso, la flamante secretaria administrativa, mandó a auditar después de conversar con la vicepresidenta van desde "órdenes de pago impagas” por más de $60 millones; deudas en los servicios de limpieza; en licencias y televisión por cable; con la agencia estatal Optar, que se encarga de los pasajes aéreos y terrestres por $45 millones; fondo de reserva en plazos fijos destinados a obras en ejecución, y más de 150 líneas telefónicas cuyos usuarios aún no fueron identificados, según la información que hicieron trascender fuentes del oficialismo en el Senado.

“De 260 líneas telefónicas, solo tenemos 80 identificadas”, remarcaron. Agregaron que se encontraron con problemas en los grupos electrógenos, en los talleres de la calle Entre Ríos, en diagonal al Parlamento, y en las claves de sistemas del personal.

 
Cristina Kirchner junto a María Luz Alonso, secretaria administrativa del Senado (Gustavo Gavotti)

Cristina Kirchner junto a María Luz Alonso, secretaria administrativa del Senado (Gustavo Gavotti)

 

Michetti, que viajó a Laprida para pasar las fiestas junto a su familia, tiene previsto volver a la Ciudad en la segunda quincena de enero. Cuando lo haga, dijeron sus colaboradores, tiene agendado devolver el teléfono que le correspondía por su paso por el Senado.

“No venimos con el mandato de judicializar el tema, sabemos bien lo que es eso”, explicaron colaboradores de la vicepresidenta, que en los últimos años se paseó por los tribunales de Comodoro Py, investigada en múltiples expedientes, cuando se les consultó si planeaban presentar alguna denuncia en caso de tener elementos. Subrayaron que, en todo caso, será trabajo de Peñafort.

Consultado por este medio, Rebot rechazó la información. Aseguró que las deudas por servicios tienen el delay habitual, que las órdenes de pago ya fueron libradas y que las partidas salen del Ministerio de Hacienda. “Por ahí en septiembre se paga lo de julio”, remarcaron.

Dijeron, en tanto, que el fondo de reserva, de más de $500 millones, distribuido en cuatro plazos fijos en el Banco Nación, está destinado en parte a obras en ejecución, “como marca la creación de dicho fondo”. “Gran parte de esos fondos están destinados a las obras que están en marcha, y el excedente por la inflación se cubre con los intereses”, explicó el ex secretario administrativo.

La ex presidenta y Michetti habían tenido un encuentro cordial de una hora el pasado 4 de diciembre en el despacho de la Presidencia de la Cámara alta. Se mostraron sonrientes. Tras esa conversación, hubo una reunión más corta entre Alonso y Rebot en la que se hizo un breve repaso de la situación administrativa del Senado, que ahora la nueva gestión salió a confrontar.

En la sesión del 27 de noviembre, la última al frente de la Cámara alta, Michetti destacó el trabajo de Rebot, también valorado por la senadora Silvia Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio, y con menos efusividad por José Mayans, flamante jefe de la bancada del oficialismo.

“Quiero hacer un comentario breve, en este momento para mí también es difícil seguir con todas las formalidades, y agradecer ante todos ustedes el trabajo que ha hecho Helio. Para mí ha sido fundamental, absolutamente fundamental, en la gestión que hemos realizado. Gracias, Helio, por todo lo que hiciste”, dijo la ex vicepresidenta, y hubo tibios aplausos en el recinto.

Según pudo saber este medio, la ex presidenta dio además vía libre para revisar los nombramientos de los últimos 12 meses. Para eso, abundaron, dispusieron la creación de una comisión interna con el aval de los gremios ATE, UCN y APL.

Colaboradores de la ex vicepresidenta aseguraron que, en los cuatro años, tuvieron un ahorro en personal de más de $6.000 millones.(Fuente: infobae.com)

 

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El Presidente de la Nación se refirió al impacto de la sanción de la ley de Emergencia Económica

 

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la ley de Emergencia Económica y afirmó que “estamos ajustando sobre los que tienen una situación más holgada en beneficio de los que menos tienen”.

En diálogo con TN, desde el salón Eva Perón de Casa Rosada, el mandatario negó que el reciente paquete de medidas aprobado por el Congreso de la Nación se trate de un ajuste para la mayoría de los argentinos. “Si el concepto de ajuste es volver a poner orden en las cuentas públicas, lo estamos haciendo. Se trata de una ley que tiende a ser solidarios con los que menos tienen y volver a poner en marcha el aparato productivo. A diferencia de otros ajustes, este no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están: los que exportan, los que producen petróleo o metales, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales”, detalló.

“Hay que pagar en la Argentina un plan para terminar con el hambre que va a costar alrededor de 100 mil millones de pesos”, graficó sobre la situación crítica que atraviesa Argentina. En ese sentido explicó que, entre sus propósitos, está “ordenar las cuentas públicas, es el ABC de un buen Gobierno, y eso efectivamente lo estamos haciendo, pero sin apretar a los que menos tienen”.

“La clase media se va a ver beneficiada con esto porque cuando nosotros lleguemos a los 100 mil millones de pesos para que los más pobre compren alimentos, el que vende alimentos en un supermercadito o en un almacén va a recibir recursos que antes no tenía”, sostuvo sobre el sector sobre el cual más influye la sanción de estas medidas. “No es verdad que el ajuste está sobre la clase media, está, si ustedes quieren, sobre los que gastan dólares en el exterior o para viajar, pero la verdad es que este problema no lo iniciamos nosotros”, agregó sobre otro de los puntos más cuestionables de la ley de Emergencia Económica, que es el referido al impuesto al dólar para atesoramiento y para compras en el exterior con tarjeta. “Hay que terminar con cierta cultura argentina que cree que tiene un cierto derecho humano a comprar dólares”, enfatizó y luego buscó generar empatía: “Hay que entender que la economía macro no permite que los dólares se sigan usando en cuestiones que son muy válidas, pero que hoy hay otras urgencias”.

 
 
(Presidencia)
(Presidencia)

"Si queremos hablar en términos capitalistas, lo que le pasa al país es que se quedó sin un bien preciado que se llama dólar y, entonces, cuesta muy caro y tenemos que cuidarlos muchísimos porque con esos dólares nosotros tenemos que, entre otras cosas, pagar insumos que se necesitan para seguir produciendo”, explicó sobre las nuevas medidas sobre el tipo de cambio. “Queremos que se entienda el por qué cuidamos los dólares: porque no hay más, porque se fueron todos, porque entraron 70 mil millones de dólares que se fueron por la otra ventanilla y no quedaron en la Argentina, y esa es parte de la deuda que estamos pagando”, justificó.

Con respecto a las críticas de la oposición hacia el paquete de medidas, Fernández aclaró: “Nunca me enojé con la palabra ajuste. A mi lo que me preocupa es que se entienda qué estamos ajustando, es otra cosa que hay que aclarar porque se las han pasado hablando de congelamiento de las jubilaciones y no es cierto. En diciembre todos los jubilados recibieron un aumento cercano al 9% y en marzo todos recibirán otro”, manifestó sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días.(Fuente: infobae.com)

 

 

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Conferencia de Rodolfo Suárez por la Ley de Minería

Rodolfo Suárez convocó al diálogo a los ambientalistas, a la Iglesia católica y otros sectores de la sociedad civil. “Si nos demuestran que estamos equivocados, lo reconoceremos”, aseguró. La modificación a la Ley 7.722 habilitaba el uso de cianuro en la explotación metalífera

 

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció la suspensión momentánea de la reglamentación de la Ley 7.722 de Minería, que recientemente fue modificada por la Legislatura local y habilitó el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en las extracciones.

Tras una reunión con su equipo de ministros y conversar por teléfono con su predecesor y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el mandatario provincial anunció que abrirán una ronda de diálogo para discutir los alcances de la normativa que generó un fuerte rechazo social.

“Voy a suspender la reglamentación de la ley. Esta ley no se va a aplicar”, definió este jueves Rodolfo Suárez en conferencia de prensa. “El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Ha habido hechos de violencia, hay cortes de ruta, hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, queremos evitar que eso pase a mayores”, agregó sobre la decisión tomada junto a su gabinete.

 

Sin embargo, el gobernador criticó a los manifestantes que causaron incidentes y adelantó que será inflexible con quienes realicen piquetes para protestar contra la ley. “Es una derrota a los violentos y a la prepotencia”, resaltó el mandatario provincial, que añadió: “Si nos demuestran que estamos equivocados, lo reconoceremos”.

Rodolfo Suárez resolvió que no pondrá en marcha la legislación que otorga incentivos a la minería luego de que se profundizaran las protestas sociales en contra de la controversial Ley 7.722, que permite el uso del cianuro y el ácido sulfúrico en megaminería metalífera a cielo abierto. Este jueves se esperaban más acciones de los mendocinos para que la normativa se derogue o anule con asambleas, mateadas, talleres y recitales, impulsadas por la Asamblea Popular por el Agua Pura (Ampap).

En su descargo, el titular del Poder Ejecutivo provincial anunció que hará una “gran convocatoria al diálogo” y que se encargará de brindar “mayor información a la gente” sobre los alcances de la modificación del marco regulatorio minero.

“Vamos a convocar al Arzobispado que está haciendo una defensa del agua sin argumentos, a las universidades, a los organismos políticos, a todos a un debate en el que voy a participar personalmente”, aclaró.

 
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en una de las reuniones en la Casa Rosada. (Adrián Escandar)
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en una de las reuniones en la Casa Rosada. (Adrián Escandar)

El gobernador recordó que en sus propuestas de campaña hizo una advertencia sobre el modelo productivo de Mendoza, que “hace tiempo viene cayendo y no generando riqueza, con un 40% de la población por debajo de la pobreza”. “Durante toda la campaña electoral dijimos que íbamos a generar empleos con absoluta empatía con la gente que la está pasando mal. Hay mendocinos y mendocinas que no comen”, justificó.

Rodolfo Suárez indicó en la rueda de prensa que lo que más quiere es “cuidar el agua” y planteó el escenario ambiental en Mendoza: “Este cambio climático, si no lo frenamos, dentro de 20 años va a ser tarde”. Pero reiteró que el impulso de la normativa fue una “decisión legal, que se propuso en campaña y se votó en la Legislatura y aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo”.

"Y si no tiene la legitimidad del pueblo, yo no voy a hacer nada en contra de los mendocinos”, concluyó.

El gobernador de Mendoza publicó el 24 de diciembre en el Boletín Oficial la nueva reglamentación minera, a pesar de las masivas protestas frente a la Casa de Gobierno mendocina. En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley, se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca y habilita la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.

Además, la norma promulgada creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que deberá informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.

Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos, y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.(Fuente: infobae)

 

 

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Amado Boudou durante el inicio de uno de los juicios penales en su contra. (Matias Baglietto)

El ex vicepresidente dio esa definición desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido. “No es un orgullo”, matizó

 

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou pasó el día de “Nochebuena” en el complejo penitenciario de Ezeiza, donde está detenido por el caso de corrupción de la ex Ciccone Calcográfica. Desde la cárcel, el dirigente kirchnerista defendió su condición: “Estoy convencido que estoy preso por todo lo bueno que hice en el Gobierno y todo lo malo que no hice".

Boudou, que está cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses de prisión tras ser encontrado culpable por “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, advirtió que su situación “no es un orgullo”, pero aclaró que está “fuerte y en paz”.

“Realmente pienso muchos en mis hijos y estoy explicándoles esta situación. Hacia adelante, me importa la opinión de mis compañeros y compañeras. Las detenciones tienen que ver con que pude mantenerme fiel a lo que hay que hacer y lo que no”, contó.

Al ser consultado sobre cómo está transitando las fiestas, Boudou dijo que “la Navidad pone en perspectiva la situación de encierro y a los amigos y la familia, de no poder estar con los que uno quiere”.

 

“Realza una cosa que sucede todos los días”, comentó en diálogo con radio El Destape. Según relató, ayer fue el día de las visitas en el penal de Ezeiza y mantuvo un almuerzo navideño junto a su familia e hijos: “Es un momento muy lindo para compartir y que no atraviesen las cosas del dolor, sino de la esperanza y el amor”.

“Por la noche, la pasamos con todos los compañeros que están encerrados en el pabellón nuestro. El padre Paco (Olveira) quería venir a cenar y no se lo permitieron. No pudimos contar con esa compañía, que se puso al hombro la situación de los presos político”, señaló sobre el párroco, uno de los principales impulsores de la campaña de la liberación de dirigentes del kirchnerismo.

Amado Boudou es uno de los pocos ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner que aún permanecen en prisión, tras la excarcelación de Roberto Baratta, el ex ministro de Planificación de Julio de Vido, entre otros.

 
Cristina Kirchner junto a Amado Boudou, cuando el segundo era ministro de Economia. (FOTO NA: Daniel Vides)

Cristina Kirchner junto a Amado Boudou, cuando el segundo era ministro de Economia. (FOTO NA: Daniel

Vides)

Además de Amado Boudou, pasaron las fiestas en prisión los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social y dirigente piquetero Luis D´Elía, y el ex director de la Aduana Edgardo Paolucci. Todos fueron condenados en juicio oral.

Acerca de las excarcelaciones que se produjeron en los últimos meses, Amado Boudou consideró como “lamentable” porque la decisión parte por “un impulso por fuera del Poder Judicial”, en sintonía con el cambio del gobierno. “Que los jueces sean tiempistas, es decir que no existe la Justicia. Que los jueces sepan leer la política, significa que no saben leer el Código Penal”.

“Cuando hay detenciones arbitrarias también está vulnerado el derecho de defensa. Por ejemplo, es muy difícil hablar con mis abogados o contar con computadoras”, se defendió.

“Sé que todos están esperando cuestiones económicas, pero también es importante los temas judiciales. El Presidente ha sido muy claro en la cuestión de la arbitrariedad y de que hubo aberraciones en las detenciones. Más valiente fue haber dicho que se utiliza la Justicia para perseguir, y que hay una connivencia entre parte del sistema judicial y las agencias de espionaje que se usan para hacer operaciones".(Fuente: infobae.com)

 

 

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(Fotografia Senado de la Nación)

Se trata de la causa que se abrió por la denuncia del fiscal Alberto Nisman. El TOF 8 consideró que no hay riesgos para pensar que pueda fugar o entorpecer, máximo cuando ahora es vicepresidente

 

El Tribunal Oral Federal 8 decidió hoy hacer caer la prisión preventiva que pesaba sobre Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, el expediente que nació con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015. Según el Tribunal Oral, no existen elementos para hacer pensar en entorpecimiento de la investigación o una fuga. Pero además, dijeron los magistrados, aquí se da "la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”.

Con esta decisión, Fernández de Kirchner solo tiene activa una orden de prisión preventiva, también dictada por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos. Como informó hoy Infobae, el pedido de la defensa de CFK para hacer cesar esa prisión se demora por un conflicto interno en la Cámara Federal de Casación Penal.

La orden de detención en la causa Memorándum había sido dictada el 6 de diciembre de 2017 y nunca se había hecho efectiva porque la hoy vicepresidenta tenía fueros. Mientras tanto, fueron detenidos otros de los involucrados: el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el hoy Procurador del Tesoro Carlos Zannini o el ex líder de Quebracho Fernando Esteche. Hoy, ninguno está en prisión porque sus prisiones preventivas cesaron. Sin embargo, la ex presidenta nunca había pedido formalmente su excarcelación. Sí había apelado la preventiva, que estaba firme tras un fallo de la Corte Suprema.

Pero pasó el tiempo y se cumplieron dos años de esa prisión preventiva, el plazo estipulado para que dure una detención sin condena. El TOF 8, con la firma de José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado, dispusieron hoy hacer caer esa medida. “No existen motivos fundados en la actualidad para sostener la presunción de fuga o entorpecimiento aludida, a la vez que resulta ineludible tener en vista la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”, dijeron López Iñiguez y Michilini.

 

“Este hecho aunado a los ya señalados torna innecesario, a nuestro criterio, mantener la medida cautelar dispuesta, pues no hallamos atisbos de riesgos que pudiesen malograr tanto el proceso cuanto la realización de la ley sustantiva. Por ello corresponde dejar sin efecto la medida cautelar de carácter personal, oportunamente dispuesta sobre la nombrada y a partir de lo señalado deviene ocioso revisar la posible aplicación de cualquier medida morigerada alternativa a la prisión preventiva que aquí se ordena cesar”, afirmaron.(Fuente: infobae.com)

 

 

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